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José María González 'Kichi' es citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación
Además de al exalcalde, el Juzgado ha citado a sus ediles David Navarro, José Ramón Páez y Laura Jiménez, y a su jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia
CCOO puso en conocimiento de la Fiscalía en 2018 que un asesor ajeno a la plantilla municipal estuvo durante cinco meses «tratando de forma directa asuntos de gestión administrativa» y «dando instrucciones a funcionarios sobre asuntos relacionados con los contratos»
«Fantasmas» en San Juan de Dios
José María González 'Kichi', exalcalde de Cádiz, ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación el próximo día 24 de junio en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana.
Junto al exregidor, también están citados a declarar tres exconcejales, David Navarro, José Ramón Páez y Laura Jiménez, así como el que era entonces el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia.
Los hechos, puestos en conocimiento de la Fiscalía -que ha formulado una denuncia criminal- por la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Cádiz y que ocurrieron desde noviembre de 2018 hasta abril de 2019, se centran en la situación laboral de Fernando García Acuña, un asesor que el Gobierno local trajo a Cádiz y que, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde ni de su equipo de Gobierno estuvo durante esos cinco meses «tratando de forma directa asuntos de gestión administrativa con los funcionarios del Consistorio gaditano», como denunció Carmen Lucena, entonces secretaria de la sección sindical de CCOO.
Según denunció públicamente el sindicato en 2018, esa persona «daba instrucciones a funcionarios sobre asuntos relacionados con los contratos, apareciendo por el Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas«. Y ante esta situación, la sección sindical decidió «tratar de resolver este misterio» pidiendo información sobre este asunto.
En diciembre de ese año se le comunicó a Lucena que Fernando García Acuña «no mantenía relación laboral con el Ayuntamiento de Cádiz» en ese momento. No obstante, su nombre aparecía en la lista de admitidos en la convocatoria de una bolsa de técnico de la administración general para el departamento de Contratación, según alertó CCOO en esa fecha, considerando que se estaba vulnerando la normativa laboral. De ahí que acudiera a la Fiscalía, «pues nuestra labor como sindicato es velar por la legalidad y por el acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todas las personas», remarca Carmen Lucena en conversación telefónica con este medio.
Según se desprende de las diligencias e investigación, iniciada en 2021, la llegada de este asesor al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde llegó a Cádiz a asesorar en materia de Contratación, en la que lo consideraban un experto, y dando órdenes a funcionarios con el respaldado del equipo de Gobierno.
'Kichi' declina hacer declaraciones «de momento»
LA VOZ de Cádiz ha contactado con José María González, que ha declinado, «de momento», hacer declaraciones, aunque sumándose «a las declaraciones que harán mis representantes políticos y judiciales». Cabe recordar que no es la primera vez que el exalcalde asiste a una denuncia, nada menos que 17 y todas han sido archivadas. Ésta, según ha salido al paso la formación de 'Kichi', Adelante Andalucía Cádiz, responde al «decimoctavo intento del Partido Popular y su entorno de judicializar la imagen de José María González a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo». Y arremete también contra la entonces secretaria sindical de CCOO, al apuntar que la investigación inicial «la propicia la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local, con el continuo boicot que parte de la plantilla de este ente municipal ha propiciado a lo largo de los ocho años de gobierno, y dos ex cargos de libre designación del Partido Popular en el Equipo de Gobierno de Teófila Martínez y Bruno García».
Asimismo, desde Adelante se señala que en este caso se está juzgando «el papel de un asesor externo que ayudaba al alcalde y sus concejales», añadiendo que en su día se aportó «toda la documentación sobre su contrato externo a través del partido 'Por Cádiz Sí Se Puede' (marca blanca por entonces de Podemos)». Para el partido andalucista de izquierdas se juzgan «cosas tan ridículas» como «su ubicación en el trabajo, que hiciera uso de espacios como el del grupo municipal, situado por aquel entonces en la zona de Presidencia del Ayuntamiento por falta de espacio con respecto al resto de grupos, y la dotación de medios materiales que -siempre, absolutamente siempre- se facilitaron desde el partido: ordenador portátil, teléfono móvil, cuenta de correo electrónico, etcétera».
«Así que mientras otros partidos dedican dinero público a contratar familiares, trabajadores de la burocracia de los partidos y publicidad institucional para el autobombo, nosotras contratamos técnicos cualificados para que nuestros concejales hicieran mejor trabajo institucional. Porque no hay que olvidar que la contratación externa de este asesor experto -remarcan- estuvo motivada por un acto de responsabilidad con el Ayuntamiento de Cádiz y con sus vecinos y vecinas». «La intención principal del anterior Gobierno era hacer las cosas bien y más fáciles en la ciudad, ése es el supuesto delito», argumentan en el comunicado emitido.
Por último, desde Adelante Andalucía lamentan que éste «no es más que un nuevo caso que refleja que cuando la derecha no gobierna intenta lanzar sus tentáculos en el poder judicial para invalidar los gobiernos de izquierda atentando continuamente contra su honorabilidad». «Porque aunque el 'lawfare' se haya puesto ahora de moda, compañeros como José María González 'Kichi' lo llevan sufriendo ocho años y lo siguen sufriendo aun habiendo dejado la política».
