Narcotráfico cádiz
Los acusados por el asesinato de los guardias civiles de Barbate se pueden enfrentar también a un delito de piratería
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Esta nueva falta se sumaría a las que ya se les imputan y esta castigada con una pena de diez a quince años de cárcel. Sería la primera vez que se toma esta calificación del Código Penal en referencia al narcotráfico en la provincia de Cádiz y en Andalucía
La Audiencia Nacional ya lo ha aplicado en el procedimiento que se sigue por la muerte hace un año de un funcionario de Aduanas que perseguía a un velero cargado de cocaína en el Atlántico
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Los detenidos y acusados, y hasta el momento, únicos sospechosos, del asesinato de dos guardias civiles y ataque a seis agentes en el puerto de Barbate arrollándolos con una narcolancha, se pueden enfrentar a un delito más de los que de momento se les acusa. Los seis investigados podrían ser procesados también por un delito de piratería si así lo considerara la Fiscalía durante este procedimiento que está aún en fase instrucción.
Según fuentes jurídicas consultadas, este delito ya se ha aplicado en la Audiencia Nacional contra otros acusados por narcotráfico que en marzo de 2023 iban en un velero cargado de cocaína y en cuyo abordaje falleció un funcionario de Vigilancia Aduanera.
La norma que se les aplicaría es la que dicta concretamente el artículo 616 ter del Código Penal que se aprobó en el año 2010 que modifica una ley de piratería en el mar anterior de 1995 y que establece que «el que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años».
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Además otros informes sobre muestras de ADN y huellas recogidas han dado ya coincidencia con alguno de los tripulantes
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Esta norma fue ampliada para tener en cuenta dos supuestos: «1.- El que con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos en el artículo anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque o aeronave al servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. 2.- Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia se impondrá la pena de diez a quince años de prisión».
La modificación de esta ley y también que ya no se delimite en ella si el hecho se ha cometido en aguas internacionales o territoriales se ajusta más al caso concreto de lo ocurrido en Barbate, unos hechos que se cometieron en aguas del puerto de la localidad contra una embarcación oficial y señalizada de la Guardia Civil.
Pero esta nueva acusación que se sumaría a los delitos de asesinato consumado, asesinato en tentativa, contrabando, organización criminal, atentado, resistencia grave y lesiones, tendrá que ser valorada por la Fiscalía y calificarse e incorporarse así una vez que se estime en el momento procesal indicado.
Hay que tener en cuenta además que esta causa tendría que pasar por el procedimiento de la ley de jurado si finalmente el juzgado estima que existen indicios de asesinato y a quien o a quienes se les imputa. Podría ser entonces, en ese momento de calificación provisional de las acusaciones, cuando se solicite al tribunal una condena también por piratería.
El antecedente
La causa que, como decíamos, supone un antecedente es la que se instruye en la Audiencia Nacional acerca del intento de abordaje para inspeccionar un velero cargado con cocaína, en aguas del Atlántico, a unas 700 millas al oeste de Canarias.
Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron entonces que el incidente se produjo sobre las 8.30 de la mañana cuando una embarcación auxiliar del Buque de Operaciones Especiales 'Fulmar' de la Agencia Tributaria iba a proceder a su registro. Pero entonces se produjo un vuelco de la auxiliar, lo que ocasionó la caída al mar de los funcionarios, momento en el que «los tripulantes del velero incendiaron el barco sospechoso para su posterior hundimiento».
Tras varios intentos por reanimar a su compañero, los funcionarios de la embarcación auxiliar informaron a los servicios centrales que el agente, de 58 años y natural de Melilla, había fallecido.
En caso de aplicarse este delito de piratería a la calificación de la acusación sería la primera vez que unos investigados por narcotráfico en la provincia de Cádiz y en Andalucía son procesados también por un delito de piratería.
