Los afectados de Afinsa en Jerez se quejan por la falta de información
Muchos de los inversores no saben cómo denunciar los hechos ni a quién recurrir
Actualizado:Son más de 2.000 los afectados en Jerez por el fraude filatélico de Afinsa en la ciudad de Jerez, lo que supone un volumen económico de alrededor de 20 millones de euros, pero la unidad de acción a la hora de denunciar y de pedir responsabilidades se está complicando, sobre todo por la falta de información que algunos han criticado.
De hecho, varios jerezanos que tenían sus ahorros en Afinsa han informado estos días de que «lo único» que les han dicho «es que lo primero que hay que hacer es presentar una denuncia»: «pero no nos han explicado cómo es el protocolo o qué documentos tenemos que entregar».
Muchos de ellos tampoco han asistido a las reuniones que la semana pasada se hicieron en la ciudad porque «no se está llevando a cabo ninguna actuación, sino que se limitan a sentarse a analizar el tema sin que salga nada en claro», dice otro de los afectados.
Estos jerezanos tampoco tenían conocimiento de que en Sevilla se está gestando una Plataforma de Afectados por el Fraude Filatélico de Andalucía, que ya está en fase de constitución jurídica, y que será el organismo que centralizará el proceso para exigir responsabilidades patrimoniales a las administraciones públicas. Además, aglutinará todas las reclamaciones de Andalucía «para evitar que los juzgados se inunden de casos», explicaba el letrado Manuel Clavero. Esta plataforma también ha puesto en marcha la dirección de correo electrónico afectadosfraudefilatélico@yahoo.es para pedir información y está creando una página web.
Y es que, hasta el momento, lo único que tienen claro los afectados por el supuesto fraude, que se han acercado a la oficina de Afinsa en Jerez, es que la recuperación del dinero está aún lejos: «Nos han dicho que aún no vamos a cobrar nada, ni podremos retirar nuestro dinero, porque las cuentas siguen intervenidas por el Estado». En este sentido, expresaron su temor ante la posibilidad de que «la Agencia Tributaria decida vender los bienes patrimoniales a precio de costo».