Los trabajadores conseguirán algunos de sus reivindicaciones. / LA VOZ
SANLÚCAR

Los empleados municipales contarán con un servicio de prevención de riesgos laborales

La alcaldesa anunció la concesión de peticiones sindicales y criticó la postura de CC OO ante la ilegalidad de la huelga

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La declaración de la ilegalidad del paro laboral provocado por los trabajadores municipales el pasado año sigue creando polémica. La alcaldesa de la localidad, Laura Seco, quiso salir al paso de las declaraciones que el delegado provincial de Comisiones Obreras, Manuel Ruiz, realizó el pasado martes en las que afirmaba que la sentencia sobre el conflicto estaba «escasamente fundamentada».

Seco criticó que a Ruiz no le pareciese suficiente fundamento «la insalubridad que padecía la ciudad durante el conflicto y los numerosos informes que lo corroboraban». «Lo cierto es que tras la resolución judicial pensaba que Ruiz comunicaría dimisiones a nivel local», confesó la regidora, quien acusó al representante sindical de «hacer campaña política a favor de Izquierda Unida» con sus manifestaciones públicas del martes.

Al mismo tiempo, la primera edil anunció que el Consistorio seguía trabajando para cumplir todas los demandas laborales que la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento realizaron durante el conflicto del pasado año. En este sentido, Laura Seco anunció la puesta en marcha en la Administración local de un servicio de prevención de riesgos laborales y planes de emergencia para el personal del Consistorio.

Los afectados responden

Por su parte, los miembros de la Junta de Personal y Comité de Empresa del Consistorio se mostraron «indignados» con las declaraciones de la alcaldesa. «No nos parece normal que anuncie que tendremos prevención de riesgos y un plan de emergencia como si fuese un privilegio cuando es algo que nos corresponde por ley», declaró Manolo Romero Caro, portavoz de ambos colectivos.

Romero Caro recordó que la Inspección de Trabajo envió una resolución al Consistorio en la que se les advertía que contaban con un plazo de seis meses para ofrecer a sus empleados una serie de garantías entre las que se encuentra la prevención de riesgos laborales. «Ya han pasado 11 meses desde que el Ayuntamiento recibió este documento y no han hecho nada hasta la fecha de hoy», explicó Romero Caro.

«Esperamos que sea cierto y que nos den la posibilidad de acceder a nuestros derechos, aunque dudamos bastante que así sea porque aún estamos esperando que nos hagan la revisión médica del 2005», concluyó el portavoz de la Junta de Personal y Comité de Empresa.