El 'Estatut', en comisión

Hoy comienza el trámite de la reforma del Estatuto de Cataluña en la Comisión Constitución del Congreso, en la que deberán negociar representantes del Parlamento de Cataluña con los diputados de dicha instancia en pos de un acuerdo. El borrador sobre el que se debatirá ya no será el aprobado por el legislativo catalán sino el que ha surgido del acuerdo Gobierno-CiU, que incorpora al preámbulo la palabra nación y establece un sistema de financiación que el Gobierno pretende extender al resto de las Comunidades y establecer de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado.

El papel de la Comisión Constitucional habrá de centrar sus debates en dos objetivos: en primer lugar, asegurar la plena constitucionalidad del proyecto; en segundo lugar, dar consistencia y visibilidad al carácter plenamente solidario de la propuesta. Como se ha dicho, el Estatuto, que es el de una Comunidad Autónoma de régimen general, no puede incluir un modelo de financiación cerrado, pero sí es importante velar por la compatibilidad de la futura carta autonómica catalana con la existencia de un Fondo de Suficiencia capaz de cumplir sin apreturas con la misión redistributiva que ha venido desempeñando hasta ahora. Es importante que, en esta fase, desde las Cortes Generales se salga al paso de la sensación extendida en la opinión pública de que se están produciendo agravios comparativos al amparo de las reclamaciones catalanas. Además, el papel de la Comisión ha de extenderse al logro de un buen Estatuto que prescinda del galimatías textual del proyecto, que minore la propensión intervencionista que éste destila y que mejore todos los aspectos técnicos de la propuesta inicial.

No cabe duda de que el nuevo Estatut podría tener un valor referencial y paradigmático para las demás CC AA, si se cerrase un texto consensuado e integrador que prescinda de preceptos tan escasamente extensibles a otras comunidades como la obligatoriedad de las dos lenguas cooficiales. Si durante los últimos 25 años la convivencia del español y el catalán ha sido tan ejemplar, no sería lógico dar ahora una vuelta de tuerca nacionalista a la cuestión del idioma para convertirlo en un obstáculo. El nuevo modelo de financiación afectará igualmente al conjunto de las autonomías de régimen general; por ello, estamos en puertas de una ley orgánica especial que modulará toda la reforma territorial. Y no es razonable que esta empresa no cuente con la presencia activa del principal partido de la oposición en la tarea de supervisar que la reforma del sistema autonómico no se haga a costa de beneficiar a unos territorios en detrimento de otros. El Gobierno tiene que resultar creíble en su llamada al PP a la plena participación en los debates y en los acuerdos; y este partido debería, a su vez, hacer el esfuerzo de renunciar a utilizar como ariete contra el Gobierno la delicada coyuntura de la reforma estatutaria catalana.