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Cobros y extorsión por los aparcamientos de la Feria, el inicio de la causa contra el exjefe de la Policía de El Puerto
La Fiscalía acusa a Rafael Muñoz Leonisio de cobrar comisiones ilegales de los parkings instalados para grandes eventos, de quitar multas a familiares o de usar la grúa municipal a nivel particular, entre otras cuestiones
El exjefe de la Policía Local de El Puerto detenido por supuesto cohecho, en libertad con cargos
La detención esta semana de un conocido exjefe de la Policía Local de El Puerto y de un funcionario municipal resonaba con fuerza en la localidad. El hecho de que un veterano responsable y presumible garante de la ley fuera arrestado y puesto a disposición judicial en una causa sobre cobros ilegales, comisiones y supuestas corruptelas causaba cierta sorpresa por el cariz que pueda tener esta investigación y sus consecuencias. Además, que este caso esté siendo coordinado y revisado por la lupa de la Fiscalía Anticorrupción da otro peso importante de la entidad que alcanza.
El exjefe de la Jefatura de la Policía municipal, Rafael Muñoz Leonisio, era detenido el pasado martes. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de El Puerto lo arrestaban y lo llevaban a los calabozos en el marco de una investigación sobre supuestos cobros ilegales. Al mismo tiempo detenían a un conocido técnico del Ayuntamiento, del área de Infraestructuras, y registraban su despacho.
Ambos pasaban la noche en la Comisaría incomunicados, como protocolo habitual, para evitar que pudieran tener contacto con alguien o destruir alguna posible prueba y al mediodía del miércoles eran trasladados ante el juez que instruye el caso para prestar declaración. Tras oír sus testimonios (ambos declararon), el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 decretaba la libertad provisional para los dos.
Las medidas cautelares impuestas son más duras en el caso de Muñoz Leonisio al que se le ha ordenado comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Según informó el TSJA, está siendo investigado por los supuestos delitos de extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para uso propio y tráfico de influencias, mientras que el técnico municipal está siendo investigado como cooperador necesario de delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Pero, ¿de qué se le acusa exactamente?, ¿qué ha hecho presuntamente para ahora estar implicado en un caso de Anticorrupción? Pues, según han confirmado fuentes de la investigación a este periódico, la acusación tiene varias aristas.
La primera, y de la que partió la denuncia que llegó a la Fiscalía e inició el resto de pesquisas, son las supuestas comisiones ilícitas que pudo obtener por permitir el uso y la adecuación de terrenos o espacios para la instalación de parkings en grandes eventos multitudinarios como la feria, la Motorada, o el Puro Latino. -cuyo control depende de la Policía Local-. es en este punto donde se investiga también la supuesta extorsión sobre personas y empresas de aparcacoches a las que se pudo presionar para llevarse estas 'mordidas'.
En otro punto, se investiga si Muñoz Leonisio pudo hacer uso de su autoridad como agente municipal para beneficio propio y de sus allegados. Por ejemplo quitando multas de tráfico a familiares y conocidos o utilizando la grúa municipal para fines particulares.
Y en último lugar, Anticorrupción y la investigación policial también apuntan a la explotación de un servicio que se puso en marcha en verano en la localidad y que consistía en un trenecito que llevaba a usuarios de los chiringuitos de Puerto Sherry hacia Vistahermosa. Se indaga sobre la empresa a la que se cedió dicho servicio y si tiene algún vínculo familiar con el supuesto máximo implicado.
En cuanto al funcionario municipal las pesquisas apuntan al grado de colaboración que pudo tener con el jefe de policía jubilado y en qué parte le valieron también estas supuestas prácticas ilícitas en beneficio propio.
La causa continuará instruyéndose los próximos meses y se tomarán más declaraciones hasta que se pueda delimitar, junto a las pruebas aportadas, el grado de responsabilidad penal que tienen o no ambos investigados o si, incluso, hubiera otros nuevos posibles implicados.
