ACCIDENTE DE O MARISQUIÑO
Caballero esconde la autorización del festival y el PP le amenaza con una querella
El Concello responde con un documento del Puerto a una petición de los populares
El Ayuntamiento de Vigo insiste en la ocultación. Doce días después de que un muelle se viniera abajo durante un concierto de O Marisquiño —con el traumático saldo de 467 personas heridas—, el consistorio no ha sido capaz aún de responder a las peticiones de transparencia remitidas desde múltiples instancias. Sean afectados , otras administraciones o la oposición; el ejecutivo de Abel Caballero sigue escondiendo toda la documentación que pueda afectar a su implicación en el incidente. Ayer fue el turno del PP . El grupo municipal registró un escrito para forzar al Concello a entregar «a la mayor brevedad» todas aquellas «licencias, permisos, informes o planes de autoprotección» que obraran en su poder . Pero no surtió efecto. La respuesta de la administración fue una y esquiva: en lugar de hacer caso a la instancia popular, entregó la autorización que el Puerto selló con la organización del festival . Un intento más de salpicar al organismo marítimo en la batalla política por las responsabilidades del hundimiento.
«Sinceramente, qué pena que haya un alcalde que le falte el respeto así a las víctimas, a las familias y a todo Vigo », reaccionó con irritación la portavoz del PP en la ciudad, Elena Muñoz. La formación no ceja en su empeño de hacer que Caballero asuma sus responsabilidades en el siniestro. Principalmente, por haber autorizado la celebración de un concierto en una infraestructura que había sido denunciada en varias ocasiones por su mal estado. La indignación de los populares es tal, que ayer Muñoz lanzó un ultimátum:si en un plazo de tres días no se facilitan los expedientes, el partido presentará una querella contra Caballero por un «delito de prevaricación».
En el escrito, el PP apela a la aplicación, no ya del artículo 23 de la Constitución —«toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución»—, sino a la Ley de Transparencia de 2013, que consagra el derecho de conocer al detalle la «relación de convenios suscritos» por las administraciones, y a la información vinculada a «subvenciones y ayudas públicas» (art. 8.1.a y 8.1.b). En ese sentido, el PP, además de reclamar los permisos e informes del Marisquiño, también reclamó una «copia íntegra» de la subvención concedida a los organizadores .
La respuesta
El Ayuntamiento, no obstante, prefirió interpretar a su manera el requerimiento. Pasada la una y media del mediodía, el concejal de Seguridad, Carlos López Font, firmaba la respuesta al PP. En ella, no se entregaba ni uno solo de los documentos especificados . Al contrario, el Concello cedió un expediente completamente alejado de sus atribuciones, como es la autorización que la Autoridad Portuaria aprobó para ceder algunas «superficies portuarias» al Marisquiño.
En varios de los puntos del convenio, el Puerto descarga en los organizadores la celebración del festival «a riesgo y ventura» . Y lo mismo para la presentación de un plan de autoprotección «acorde con la actividad a realizar» o la obligación de presentar un seguro de responsabilidad civil en caso de percance.
Como era de esperar, el talante mostrado por el Ayuntamiento ha venido acompañado la disputa política. En respuesta a las críticas del PP, López Font volvió a desviar la cuestión. Alegó que «en muchas ocasiones» es la Xunta quien «incumple el plazo» de los requerimientos y que las peticiones de la formación popular responden a un intento de «montar barullo» por «orden de Feijóo». «Siempre destruyendo y nunca construyendo en favor de la ciudad, están simple y llanamente a las órdenes de Feijóo, como siempre cumpliéndolas a rajatabla», respondió el edil.
Pero el PP se guardó la baza del contragolpe. Inmediatamente después de recibir la contestación municipal, el partido registró otro escrito en el que se recopilan pronunciamentos del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo sobre el derecho de los concejales a «la obtención de información» para que «puedan ejercer, con conocimiento necesario, las funciones propias de su cargo». Al final del texto, los populares reiteran el últimátum:tres días de plazo para recibir los expedientes. De lo contrario, Caballero se adentrará en el terreno judicial.
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