TRIBUNALES

Besteiro recusa a Pilar de Lara por seguir instruyendo el «caso Garañón» tras la primera sanción del CGPJ

El exlíder socialista considera que la juez debía haberse abstenido en esta causa, dado que una de las partes fue la que instó la denuncia que derivó en su suspensión de siete meses y la pérdida de su plaza en Lugo

Pilar de Lara, en una imagen reciente MIGUEL MUÑIZ

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A la juez Pilar de Lara se le acumulan los frentes . Mientras espera la comunicación oficial de la decisión del CGPJ de ratificar la sanción disciplinaria de siete meses y un día que la expulsará de su juzgado de Lugo, ahora la defensa de José Ramón Gómez Besteiro viene de presentar un escrito por el que solicita su recusación . El argumento esgrimido es que De Lara debió haberse abstenido en la causa del Garañón en abril, cuando la comisión disciplinaria del CGPJ acordó inicialmente la sanción, dado que esta lo fue a instancia de una denuncia de las partes del caso, concretamente los abogados del exalcalde lucense José López Orozco.

Según el escrito —al que ha tenido acceso ABC—, el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge, en su apartado 5º, que es causa de abstención de un juez «haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de las partes» , circunstancia que los abogados de Besteiro consideran cumplida en este particular. En su opinión, desde el día en que la Comisión Disciplinaria notificó a Pilar de Lara la sanción , «debió haber promovido incidente de abstención y dejado de instruir todas las causas» en las que Bestiero y Orozco «constasen como investigados».

Los abogados del expresidente de la Diputación de Lugo reclaman también la nulidad del «prematuro» auto de transformación en juicio oral del «caso Garañón» , y con el que se pone fin a la instrucción de esta pieza. Además, imputan a De Lara «malicia en la actuación», al cerrar apresuradamente esta causa el día antes de que el Pleno del Poder Judicial ratificara su sanción disciplinaria, por la que perderá su plaza como instructor en Lugo.

«La nulidad es evidente de un auto dictado en represalia contra los investigados », insisten, por considerar que no previno a las partes ni dio la oportunidad a que propusieran nuevas diligencias o incluso declaraciones de los propios encausados, toda vez que la instrucción estaba prorrogada «hasta el 6 de diciembre de este año». Todo esto «denota la irregular forma de actuar que no puede sino conculcar los derechos de defensa de los investigados» , que inicialmente lo fueron «por cuatro delitos» pero «ahora imputados por siete tipos distintos sobre los que nunca se les informó ni se les tomó declaración».

De hecho, en el escrito de recusación se indica que Gómez Besteiro «estaba a la espera de ver todas las diligencias de instrucción para solicitar una declaración válida» ante la instructora, ya que cuando esta lo llamó por ver primera a testificar, el exlíder socialista se acogió a su derecho a no hacerlo por no estar presente su abogado. «No ha podido declarar sin que sus derechos se vieran conculcados», añade el texto. A lo largo del recurso, los abogados recogen el grueso de acusaciones que la Disciplinaria plasmó en su dictamen para justificar la imposición de la sanción.

«Una década de irregularidades»

«Esta defensa manifiesta haber llegado a su límite de tolerancia máximo con las actuaciones de esta instructora durante más de una década de irregularidades, desde la formación de la causa, hasta la forma de ampliar las imputaciones artificialmente, pasando por permitir unas acusaciones particulares sin legitimación ni perjuicio alguno, deivado del cada vez más amplio catálogo de delitos investigados, demostrando una parcialidad inusitada en sus valoraciones», denuncian.

Los abogados de Besteiro justifican la presentación de la recusación en este momento —a pesar de que la sanción provisional se dictó en abril— porque desde esa fecha «la magistrada no dictó acto jurisdiccional alguno hasta el 25 de septiembre», momento en que cerró la instrucción del «Garañón». En su opinión, los plazos habrían comenzado a correr bien este día, bien al día siguiente cuando el Pleno del Consejo confirmó la suspensión de la juez. Además, «ni tan siquiera el recurso al Tribunal Supremo anunciado por su defensa podría obstarse», dado que mientras no se suspenda la ejecución de la sanción «la misma debe llevarse a cabo».

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