El Pleno del CGPJ confirma por unanimidad la suspensión por siete meses de la juez Pilar de Lara

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha desestimado este jueves el recurso presentado por la juez Pilar de Lara contra la sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones que contra ella dictó la Comisión Disciplinaria el pasado mes de marzo por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales. Por tanto, dado que la sanción supera los seis meses, De Lara perderá su plaza como titular de Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo , desde donde ha condicionado la vida política de Galicia con macrocausas de dudosa eficacia contra la supuesta corrupción.

El acuerdo del Pleno agota la vía administrativa. En los últimos días, la defensa de la juez Pilar de Lara que ejerce el abogado Agustín Azparren ha avanzado su intención de recurrir esta decisión ante los órganos que correspondan, empezando por un recurso contencioso-administrativo ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, y llegando incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sea como fuere, una vez el Pleno del CGPJ ha ratificado la sanción esta tiene ya carácter ejecutivo una vez le sea notificada a la juez , aunque podrá instar al TS a su suspensión como medida cautelar, que podrá o no ser aceptada, según informan fuentes del Consejo.

Los integrantes del Pleno han decidido secundar la posición de la vocal Mar Cabrejas, favorable en su ponencia a desestimar el recurso de la defensa de Pilar de Lara, y por tanto ratificar la sanción impuesta en marzo por la Comisión Disciplinaria . Este órgano consideró que el colapso estructural del Juzgado de Instrucción nº1 de Lugo era fruto de una desatención continuada en el ejercicio de sus funciones. En este juzgado, desde hace casi una década, se acumulan macrocausas con miles de folios de sumarios, centenares de tomos de instrucción, y decenas de imputados que desconocen cuándo se dirimirá su suerte.

Pilar de Lara es la responsable de operaciones tan relevantes como la «Pokemon», «Cóndor», «Pulpo», «Pikachu» o «Manga» , todas ellas contra la supuesta corrupción en ayuntamientos y diputaciones, o la «Carioca», que investigaba una presunta red de trata de mujeres en prostíbulos de Lugo. La «Pokemon» es el paradigma que explica la sanción del CGPJ. Iniciada en 2012, investigaba una supuesta red corrupta de empresas que obtenían concesiones municipales a cambio de mordidas a alcaldes y concejales de todo signo político en Galicia, Asturias o el Levante: todavía no se ha celebrado ningún juicio. De las ocho piezas en que se dividió la causa , solo una espera fecha de juicio, mientras que algunas de las otras siete deambula por los juzgados de media España buscando un juez que asuma su competencia.