Imagen de la comparecencia de Mónica Oltra donde anunció su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat MIKEL PONCE
David Maroto

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La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ( TSJCV ), que había acordado investigar el presunto encubrimiento de abusos sexuales del exmarido de la exvicepresidenta y exconsellera de Igualdad Mónica Oltra a una menor tutelada, ha suspendido la declaración de la exportavoz de la Generalitat, prevista para el 6 de julio, y ha pedido a las Cortes Valencianas que certifique su renuncie a su condición de diputada autonómica.

El TSJ devuelve el caso contra Mónica Oltra por los abusos de su exmarido al juez que pidió su imputación

Así se desprende de la providencia dictada este lunes por el magistrado que instruye estas diligencias en el tribunal valenciano, Antonio Ferrer, tras la dimisión la pasada semana de Oltra de todos sus cargos públicos días después de conocer su condición de imputada.

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Esta nueva situación hace que Oltra pierda su condición de aforada y, por tanto, la obligación de que fuera el tribunal valenciano y no un juzgado ordinario el encargado de investigar los hechos. Por este motivo, el magistrado Antonio Ferrer ha pedido ahora a las Cortes Valencianas que constate que la dirigente de Compromís ha formulado la renuncia a su condición de diputada .

En el mismo escrito, reclama al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia , que originariamente investigaba los hechos, que no cumplimente el oficio del 16 de junio por el que se interesaba la remisión de las diligencias.

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En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, de catorce años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.

El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y una técnico. Un total de 13 investigados .

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El TSJCV, tras estudiar el caso que le fue remitido por el juzgado ordinario, se declaró competente para instruirlo al apreciar «una serie de indicios plurales » que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto» entre Oltra y diversos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada». Ahora, al perder su condición de aforada, el asunto regresará al juzgado número 15 .

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