Representantes de la educación concertada interceptan a Ximo Puig en la calle para pedirle «amparo»

La concertada sigue llevando su protesta por la nueva política ediucativa a la calle. Alrededor de 30 representantes de este tipo de centros, tanto católicos como laicos, han abordado a los líderes del Gobierno valenciano a su entrada a la sesión de control en las Cortes este jueves para expresar su malestar por el cierre de unidades.

Así, han aprovechado para entregar una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la que manifiestan su «respetuosa protesta, nacida del desánimo y la impotencia, ante las medidas que pretende implementar la Conselleria». Éstas, afirman, responden a «motivaciones políticas y desoyen la realidad social del entorno y el legítimo derecho de elección de las familias».

La presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, Vicenta Rodríguez, ha encabezado la protesta, junto a miembros de la Federación de Centros Educativos de Valencia (Feceval), y el secretario general de la Federación de Enseñanza de USOCV, Arturo Gómez.

Según Gómez, han trasladado a Puig «la angustia» de los profesores «que se ven en la calle en unos meses» y a los que «hay que recolocar» y ha defendido que estos centros, cuya situación es «alarmante», «tienen su demanda» y hay que «considerar cada centro según su necesidad».

La responsable de la patronal de la concertada católica ha recordado que al principio se anunció que se suprimían 46 aulas y tras las alegaciones y protestas, han quedado una treintena, por lo que cree que, si se hubieran "sentado antes a ver cada centro y cada situación, no habríamos llegado a esta indefensión y angustia".

Rodríguez ha reconocido que esperaban la llamada que no ha llegado del conseller, con el que se comunican «por la prensa» y ha considerado que ha faltado «capacidad de escucha, de diálogo y de ver la realidad de cada centro y cada aula».

«Cuando hablan de ratios hablan de número y yo prefiero hablar de personas», ha defendido Rodríguez, quien ha apuntado que la justicia ordinaria sería «la última opción» y que no entienden que si hay bajada de la natalidad «se creen 400 nuevas aulas».

Una vez han podido trasladar este mensaje, han pedido poder entrar a las Cortes y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha mediado para que presenciaran el pleno desde la tribuna de invitados. «He firmado personalmente para que pudieran acceder. Entendemos que una cosa es invitarles a la crispación, y otra cosa es invitarles a la democracia, a escuchar el debate y a saber qué está pasando y qué decisiones se están tomando», ha afirmado al finalizar la sesión de control.

El debate educativo ha sido precisamente el punto más importante de la jornada y ha enfrentado, como viene siendo habitual, al tripartito con la oposición. Mientras la portavoz del PP, Isabel Bonig, le ha pedido a Puig que «atienda el clamor social que le pide que cambie su política educativa», el presidente de la Generalitat ha anunciado que el Consell aprobará en los próximos días un decreto para reducir el número máximo de alumnos por aula en todas las etapas educativas, para así «poder atender mejor» a los alumnos.