Alumnos jugando en el patio de un colegio de Salt (Girona)
Alumnos jugando en el patio de un colegio de Salt (Girona) - INÉS BAUCELLS

Pacto para acabar con las escuelas gueto en Cataluña sin el apoyo de la oposición ni del principal sindicato

El acuerdo para combatir la segregación escolar contempla, por primera vez, medidas para controlar las cuotas de la concertada y garantizar un reparto equilibrado del alumnado desfavorecido

BarcelonaActualizado:

Tras publicar, en julio de 2016, un demoledor informe en el que apuntaba que el número de escuelas catalanas con más del 50 por ciento de alumnos extranjeros se había duplicado desde 2006, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha estado trabajando, de la mano del departamento de Educación, para hacer frente al problema de la «guetización» en la red educativa catalana.

Este mediodía, después de casi dos años de debate en el seno de la comunidad educativa y de búsqueda de consenso entre las principales fuerzas políticas del arco parlamentario catalán, el Pacto contra la Segregación Escolar ha sido alumbrado en la Cámara autonómica, con el apoyo del Govern, un gran número de ayuntamientos, la red de escuelas concertadas y varias entidades del sector. Nace, no obstante, sin el beneplácito de las principales fuerzas políticas de la oposición (PP, Cs y CUP), y también de espaldas al principal sindicato en la red educativa pública (Ustec) y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fapac). Los primeros se desmarcan del proyecto, por cuestiones de base política y Ustec y Fapac por «motivos de fondo».

«Limita el derecho a elegir»

El PP se opone porque, según indicaron a ABC fuentes del partido, «al ser la Administración quien decide dónde escolarizar a los alumnos, se limita el derecho de las familias a elegir el centro que quieren para sus hijos», mientras que Cs lo rechaza porque, según precisa la diputada Sonia Sierra, «no han tenido en cuenta ninguna de las tres aportaciones que ha hecho la formación durante el debate (trabajar para que el inglés y el castellano no sean motivo de segregación y la gratuidad absoluta de los libros de texto).

La CUP, por su parte, se desmarca porque, según arguye, «el pacto legitima la doble red educativa público-privada», algo a lo que se opone al reclamar una educación exclusivamente pública y de mayor calidad. Algo parecido piensan los sindicatos educativos detractores y algunas centrales de estudiantes que tampoco lo han suscrito, entre ellas el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Controlar las cuotas excesivas de la concertada

El documento incluye 30 actuaciones y 189 medidas, y propone, por primera vez, medidas para controlar las cuotas excesivas que imponen algunas escuelas de la red concertada para que, según se apunta en el documento, «no choquen con el principio de gratuidad del sistema público» y no sean «un factor de segregación escolar tal como sucede actualmente».

En este sentido, el pacto prevé la creación de una comisión de estudio del coste de la plaza, así como la adecuación de la financiación pública de los centros públicos y concertados en función de la corresponsabilidad en la escolarización equilibrada del alumnado.

Reparto de alumnado desfavorecido

El Pacto recoge una de las medidas propuestas por el consejero Josep Bargalló de aprobar un nuevo decreto admisión escolar, que entrará en vigor en el curso 2020-2021 e incluirá medidas dirigidas a repartir entre centros públicos y concertados al alumnado socialmente desfavorecido.

En base a este objetivo, el nuevo decreto contempla establecer una proporción máxima de alumnado con Necesidades Educativas Específicas (NEE), limitar la matrícula viva en centros de alta complejidad –que entra en vigor con la firma– o crear un protocolo ante indicios de irregularidades en el proceso, que contemplará medidas disciplinarias o sancionadoras.