El TSJC inhabilitará a Torra en la semana clave de las negociaciones de Sánchez

Nati Villanueva

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15/12/2019
Actualizado 16/12/2019 a las 07:56h.

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En plenas negociaciones de Pedro Sánchez en busca de apoyos para su investidura, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto notificar esta semana, según ha podido saber ABC, la sentencia que condenará al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, por el que la Fiscalía pidió en el juicio una condena de veinte meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros . Teniendo en cuenta que fue el propio Torra quien en el juicio admitió que se negó a retirar los lazos amarillos (en apoyo a los presos del «procés») de edificios públicos en pleno periodo electoral porque «la orden (de la Junta Electoral) era ilegal», la condena se da por segura. La única incógnita es el tiempo que durará su inhabilitación.

Sea cual sea la pena y multa que se le impongan por esta desobediencia, que en ningún caso conlleva cárcel, la inhabilitación no impedirá que siga siendo el interlocutor de Pedro Sánchez en la Generalitat, pues la condena no será firme hasta que el Supremo, en su caso, la ratifique . Lo que sí tiene vetada es su candidatura ante un hipotético escenario electoral, pues el artículo 6.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) declara inelegibles a los «condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal». Tras los pasos de Mas y de Francesc Homs, los días de Torra en la Generalitat están contados.

Poco va a poder hacer también en política, en su caso como cabeza de ERC, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, cuya inmunidad revisa este jueves el Tribunal de Justicia de Unión Europea , una cita en la que el independentismo tiene todas las miradas puestas pese a sus nulas consecuencias prácticas.

El conocido como tribunal de Luxemburgo tiene que resolver una cuestión prejudicial que el pasado junio, tras las elecciones europeas, presentó el Tribunal Supremo a petición de la defensa de Junqueras. El abogado pidió al tribunal del «procés» que acudiera a Luxemburgo en un recurso de súplica contra su decisión de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y poder acceder a la condición plena de eurodiputado. Hace apenas unas semanas, en un escrito ante el Tribunal, el abogado general de ese órgano se mostró partidario de que se reconozca la inmunidad de un eurodiputado desde el momento en que resulta elegido en las urnas y no desde que se produzca el juramento y acto de constitución de la cámara, el trámite que a Junqueras se le negó. Sin embargo, reconocía que al estar inhabilitado ya por sentencia para el ejercicio de cargo público, el pronunciamiento del tribunal sería hipotético y sin consecuencias prácticas, por lo que veía innecesario que Luxemburgo entrara ya en el fondo del asunto.

No obstante, si el tribunal decide hacerlo y aprecia que Junqueras tenía inmunidad, no hay duda de que será un triunfo moral para el secesionismo, que intentará sacar partido de esta victoria para reforzar a su líder, para que la defensa vuelva a pedir su libertad –apelando a un supuesto suplicatorio del Parlamento Europeo para que se ejecute su condena– y para intentar, una vez más, denigrar a la justicia española fuera de nuestras fronteras.

Fuentes del Supremo recuerdan que aunque la liquidación de condena del líder independentista se dejó en suspenso a la espera del pronunciamiento de Luxemburgo, es la pena privativa de libertad (trece años por sedición) la que le imposibilita para ser candidato. Ante unos hipotéticos comicios autonómicos, Junqueras también tiene la puerta cerrada.

Los que sí intentarán agarrarse como a un salvavidas a una supuesta declaración de inmunidad por parte de Luxemburgo serán el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros también huidos Antoni Comin y Lluis Puig, que hoy lunes, a las dos de la tarde, tienen que acudir a los tribunales belgas para participar en una vista a puerta cerrada ante el juez que tiene que decidir su entrega a España , en los dos primeros casos por sedición y malversación y en el tercero solo por malversación.

Aunque en la vista de hoy ya tendría que producirse la batalla de los argumentos de las partes respecto a la entrega, según ha podido saber ABC de fuentes de la defensa, los letrados de los reclamados volverán a pedir al juez un aplazamiento a la espera de lo que decida Luxemburgo respecto a los escritos que Puigdemont y Comin han presentado haciendo valer su inmunidad por haber sido elegidos, como Junqueras, eurodiputados en mayo.

Los letrados consideran que hasta que este extremo no se aclare, Bélgica no debe decidir sobre la entrega porque su condición de parlamentarios europeos «lo cambiaría todo». Cuando Puigdemont presentó su recurso ante Luxemburgo, el tribunal ya le negó las medidas cautelares que solicitó pero no se pronunció sobre el fondo del asunto, lo que la defensa espera que haga antes de que termine el año.

Ante un escenario en el que el Tribunal de la UE considerara su inmunidad, los letrados entienden que sus clientes no podrían ser detenidos y, aunque sí podrían ser reclamados, ese trámite se tendría que cumplir previo suplicatorio de Llarena al Parlamento Europeo.

El pasado 29 de octubre el tribunal de primera instancia de Bruselas, el que tiene que estudiar la euroorden, ya dio a las partes un tiempo adicional para preparar el caso y fijó la celebración de una nueva vista, la de este lunes. En ella la Fiscalía belga tiene previsto volver a asumir la petición del instructor del Tribunal Supremo, y a solicitar la entrega de los prófugos por los delitos de sedición y malversación.

Los protagonistas de este procedimiento de entrega, que Llarena reactivó el mismo día que se notificó la sentencia del «procés» en el Supremo (el 14 de octubre), son el mismo juez y fiscal que se encargaron de la primera euroorden, la que se cursó en 2017. La diferencia entre una y otra estriba en que, en concordancia, con los delitos por los que el Supremo condenó a los líderes independentistas, Llarena ha eliminado el delito de rebelión.

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