La queja de los juristas al Defensor del Pueblo sobre la alarma divide a la oposición
Todos coindicen en que se está limitando la libertad de expresión, pero sólo Vox cuestiona el decreto de confinamiento
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La queja que un grupo de juristas intepuso el domingo ante el Defensor del Pueblo instándole a que lleve al Tribunal Constitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno divide a la oposición. Aunque Partido Popular, Ciudadanos y Vox coinciden en que se está produciendo una limitación de derechos con la excusa de la crisis sanitaria , los dos primeros rechazan recurrir al órgano de garantías al entender que el encaje legal sí es correcto. No así Vox, que días atrás ya anunció su decisión de impugnar la normativa del Ejecutivo por inconstitucional.
Fuentes del Partido Popular reconocen el estado de alarma es un «traje estrecho» para las medidas que se han adoptado en desarrollo del decreto de alarma, pero el de excepción quedaría «muy ancho». Aseguran que respetan la iniciativa de los juristas y comparten esa preocupación, pero en este momento los populares no están explorando la vía de los tribunales en medidas relacionadas con la contención del virus. Sí en otras en las que, a su juicio, el Ejecutivo ha actuado con absoluta falta de transparencia, como el blindaje de Pablo Iglesias en la comisión del CNI aprovechando el decreto del Covid , una decisión contra la que el PP ya ha anunciado recurso.
Para el jurista y portavoz de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa, resulta especialmente llamativo el «tic autoritario» que está imponiendo el Ejecutivo en relación con la libertad de expresión e información. «Estamos ante el resurgir de una mordaza y riesgo de que el propio gobierno se convierta en un tribunal de orden público franquista» en el sentido de que sea él el que diga qué discursos desacreditan al Gobierno. «Para eso están los Tribunales de Justicia cuando aprecien delitos de odio, no un Gobierno ni entidades privadas ni subcontratadas», dice.
De Rosa alaba la iniciativa de los juristas que han instado al Defensor del Pueblo a que presente sendos recursos de inconstitucionalidad y amparo frente a la normativa que sustenta el estado de alarma. «Son profesionales de prestigio que muestran su preocupación por la restricción de derechos», señala el juez en excedencia y exvocal del CGPJ. Sin embargo, a su juicio, lo importante en este momento es el control de la oposición en el Parlamento y que el Gobierno explique allí, donde reside la soberanía popular, los pasos que va dando en el marco de este estado de alarma.
«Vulneración flagrante»
Por su parte, desde Vox sostienen que la queja al Defensor del Pueblo es «un trabajo extraordinario». «No pocos juristas habían levantado la voz, constatando que se saltan los controles legales y se vulnera claramente el marco del estado de alarma, aplicándose de facto un estado de excepción encubierto» , señala la diputada Macarena Olona, que recuerda que este periódico se ha hecho eco de la «vulneración flagrante» de la Constitución que se está produciendo. «Al margen del recorrido que tiene esta queja ante el Defensor del Pueblo -que en nuestra experiencia es más bien el defensor del PSOE, por lo que no tenemos muchas esperanzas-, esta semana los 52 diputados de VOX interpondremos un recurso de inconstitucionalidad para conseguir el mismo efecto que desean estos juristas que no pueden ir al Constitucional».
Por último, Edmundo Bal, de Ciudadanos, discrepa con que este sea el momento de discutir la legalidad del confinamiento , sobre el que él, abogado del Estado de carrera, no ve, además, tacha alguna de inconstitucionalidad. Aunque lo que estos juristas plantean se trata de una interpretación jurídica, no tiene dudas de que «se va a utilizar políticamente por quien está buscando argumentos para no apoyar la prórroga de un confinamimento absolutamente necesario» mientras no exista una vacuna contra la pandemia. «Decir que el Gobierno no tiene justificación legal para obligar al confinamiento me parece un disparate», señala. Ve respetable la opinión de los constitucionalistas que suscribenla queja, pero, a su juicio, se trata de una «interpretación literal y formalista», cuando lo que tiene que imperar la interpretación finalista a la que se refiere el artículo 3 del Código Civil.
Bal sostiene que el estado de alarma es el idóneo para el supuesto de la epidemia y recuerda que la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio recoge la epidemia como uno de los supuestos para su aplicación. Discrepa con quien compara la crisis de los controladores aéreos con lo que está sucediendo en España y en todo el mundo. «No tiene nada que ver», señala.
Otra cuestión, dice, es que el Gobierno se esté extralimitando con aspectos que no están relacionados con la epidemia, como las limitación de las libertades de expresión e información con medidas como la suspensión del Portal de Transparencia para ocultar la identidad de los contratistas, la pregunta del CIS (sobre la información y los bulos), en la que Tezanos«ha jugado con el miedo de la gente con dinero público» o la censura en las preguntas en las ruedas de prensa de Moncloa.
Precisamente ayer, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, hizo hincapie en esta cuestión: «No debemos bajar la guardia en lo que a nuestro sistema democrático se refiere. Yo entiendo que era necesario aprobar el estado de alarma, de hecho lo hemos apoyado, pero hay límites que no se pueden traspasar», como la falta de transparencia o de información que ha motivado la suspensión del Portal de Transparencia.
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