La Policía frena una marcha fascista en Valencia, el pasado 9 de octubre
La Policía frena una marcha fascista en Valencia, el pasado 9 de octubre - AFP

La Policía no cree que suavizar «ley mordaza» mejore la seguridad ciudadana

Los sindicatos censuran la modificación del texto pactada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

MadridActualizado:

El Gobierno cedió ayer ante la exigencia de Podemos de dulcificar la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por sus detractores como «ley mordaza» y aprobada por el Partido Popular en 2015. En el pacto presupuestario el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, se comprometen a acelerar la reforma del texto y reducir las penas relacionadas con la libertad de expresión.

En el artículo 11 del documento rubricado por el Gobierno y Podemos se informa de que los acuerdos para la modificación de la ley se introducirán en el proyecto resultante de la Comisión de Interior del Congreso, creada a través de la iniciativa registrada por el PNV.

«Comunicar no es prohibir»

Entre los cambios que sugieren, sin especificar, se garantizan las protestas ciudadanas pese a no ser comunicadas previamente a las autoridades, limitar las identificaciones y registros corporales a los manifestantes y que los agentes estén claramente identificados.

El primer punto dicta: «En ningún caso la ausencia de comunicación previa impedirá el derecho de reunión siempre que sea de forma pacífica». Pero según explica a ABC Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Polícia (UFP), esto perjudica gravemente a la seguridad ciudadana.

«La comunicación no es prohibir, sino avisar de que se va a realizar una manifestación porque lo contrario genera problemas de orden público», advierte el portavoz de UFP. De hecho, Giraldo considera que los firmantes «no se han leído la Ley de Seguridad Ciudadana» porque la «comunicación» no está regulada en esa norma, sino en una Ley Orgánica del año 1985.

En la misma línea protesta Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que considera que la modificación busca recabar votos y la resume en «populista». En este contexto, Cosío argumenta: «Si hay una manifestación antifascista y otra de extrema derecha puedes tener a cientos de personas enfrentadas en Gran Vía». Y continúa: «Si una de ellas previamente no ha sido comunicada no habrá agentes suficientes de retén, es absurdo, no habrá seguridad ni para los manifestantes ni para los policías».

Multas según la renta

Los acuerdos del Gobierno y Podemos en esta materia también afectan a la identificación y los cacheos, que deben «acotarse a estrictos indicios concretos y comprobables». En este sentido, Giraldo explica que, según el artículo 20 del Código Penal, se registra cuando hay previsión de un delito.

Por ello, entiende que si hay una persona con la cara tapada en una protesta «primero hay que identificarle y luego registrarle» porque el hecho de cubrir su rostro es una prueba de que puede cometer un acto delictivo, y eso, explica, no es un abuso de poder. «¿Y si esa persona lanza una piedra o quema un cajero? ¿Cómo sabemos luego quién fue?», insiste Giraldo.

Otro de los puntos que preocupa a Cosío es «garantizar que la identificación de los agentes sea claramente visible» ya que entiende que puede afectar a las intervenciones policiales. «Imagínate que tengo que estar más pendiente de que no me hagan una foto que de detener a alguien», se pregunta el portavoz de SUP.

El pacto presupuestario incluye una de las demandas de Podemos en su batalla contra la Ley de Seguridad Ciudadana: que las multas se apliquen según la renta del sancionado.