Así es la Ley de Seguridad Ciudadana con la que Podemos quiere igualar a Policía y manifestantes

Los de Pablo Iglesias presentan más de cien enmiendas a la actual norma en vigor

Los diputados de Unidos Podemos Ricardo Sixto (izquierda) y Rafael Mayoral (derecha) EFE

ALEXIS ROMERO

El desbloqueo de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana gracias a la guerra entre el PP y Ciudadanos no ha pasado inadvertido para Unidos Podemos. Los de Iglesias lanzaron ayer una auténtica ofensiva contra el corpus de la norma al presentar en el Congreso de los Diputados más de 100 enmiendas parciales para eliminar lo que consideran «la peor de las características» de esta ley: «sus sanciones al ejercicio de los derechos y las libertades». El trabajo del grupo en este caso presenta una complejidad ya que las ampliaciones en el trámite de enmiendas ha provocado que se acumulen dos textos –uno del PNV y otro del PSOE– para derogar la ley del PP, por lo que las reformas de los de Iglesias se dividen entre estas dos iniciativas.

Unidos Podemos propone, entre otras cosas, «aquilatar» la tipificación de delitos como el atentado contra las autoridades, los desórdenes públicos o los mensajes ofensivos en las redes sociales, así como blindar los derechos de los manifestantes y los de los inmigrantes en situación irregular.

Blindar las manifestaciones

Unidos Podemos propone eliminar que una manifestación en las inmediaciones de estructuras sensibles –como los edificios públicos– constituyan una falta grave, o que las manifestaciones en lugares de tránsito público sean faltas leves. Se propone también una modificación de la ley orgánica que regula el derecho de reunión para evitar que el hecho de que no se comunique una manifestación con 24 horas de antelación no suponga un motivo «para que las fuerzas de orden público tenga excusa para disolver esa concentración». Asimismo, se incluye que «los actos violentos aislados no serán en sí mismo causa para disolver una manifestación, debiendo diferenciar las fuerzas de seguridad entre manifestantes pacíficos y aquellas personas que actúen de manera violenta».

Atentado a la autoridad

Los de Iglesias piden que el Código Penal diferencie «claramente» un atentado contra la autoridad de los altercados de una manifestación . «No se puede aplicar el mismo principio ni la misma gravación cuando en una manifestación se produce un altercado entre fuerzas de orden público y manifestantes que cuando se produce un atentado deliberado en un momento pacífico contra una autoridad», defienden desde el grupo.

Valor probatorio de las declaraciones de los agentes

La Ley de Seguridad Ciudadana contempla que «las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario». Unidos Podemos suprime esta última parte y añade un nuevo redactado: « No se presumirán veraces por sí mismas las declaraciones de los agentes de autoridad , debiendo ser valorada la prueba en contradicción con el resto de elementos de hecho concurrentes». Los de Iglesias argumentan que se trata de «eliminar la presunción de veracidad que tienen las actuaciones de los agentes y ponerlos en pie de igualdad» con los ciudadanos «para que se puedan defender de actuaciones abusivas».

Prohibición de cargar sin previo aviso

También quieren modificar la dinámica de las actuaciones policiales en las manifestaciones a la hora de cargar. Desde el grupo se propone que las fuerzas de seguridad avisen con antelación de las cargas que vayan a realizar. «En las cargas policiales, por sistema, nunca se avisa. Hemos introducido la obligatoriedad de que antes de que se produzca la actuación policial en una manifestación siempre se tenga que avisar por megafonía , de forma que lo oiga toda la gente que está en la manifestación, para evitar que cualquiera que no quiera participar tenga tiempo para poder escaparse y salir del embrollo», explicaba ayer un diputado del grupo. En este sentido, proponen reducir a dos horas el tiempo máximo permitido a las fuerzas de seguridad para que mantengan retenida a una persona en comisaría con el fin de identificarla. En la actualidad el límite son seis horas.

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