El juez ve indicios de delito en la actuación del ex número dos de la Policía en el caso Pujol

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el caso del clan Pujol, ha decidido deducir testimonio al que fuera número 2 de la Policía en la anterior etapa, el comisario principal Eugenio Pino, y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, que estuvo destinado con el anterior en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y era persona de su máxima confianza. El magistrado ve indicios de que pueden ser autores de un delito de prevaricación y/o falso testimonio en relación con el pendrive de origen desconocido que dio pie a un informe de la UDEF sobre ese caso, y que ahora es separado del procedimiento al no quedar acreditado el origen de la información.

En su auto, el juez advierte del riesgo de contaminación que ha corrido la causa que investiga la fortuna sospechosa de la familia Pujol, que podría haber sufrido daños irreparables de no haber detectado el juez y los fiscales Anticorrupción el posible origen irregular del pendrive

. Para De la Mata no se trata de «sobreproteger al presunto delincuente con un arsenal desmedido de garantías. De lo que se trata es de dejar claro, singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer trampas».

Informe 9.842

El origen de esta polémica está en el informe policial 9.842 de 16 de marzo del año pasado, que versaba sobre documentos que contenían informaciones relativas a Jordi Pujol Ferrusola y proponía la práctica de diligencias. Dado que la Policía alegaba que esos datos procedían de un registro realizado por el Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona, y de distintas bases policiales, el juez pidió que se certificaran ambos hechos. Y resultó que esa afirmación era falsa.

A partir de ese momento comenzó una investigación para saber de dónde procedía esa información que se pretedía incorporar al sumario, lo que ha desembocado en la denuncia a los mandos policiales, que serán investigados en los juzgados de Madrid.

Las conclusiones de esas pesquisas son demoledoras: no se conoce el origen de los documentos, ni la cadena de custodia de los mismos. Ni siquiera ha sido posible determinar que fueran obtenidos de forma legítima por la Policía. El comisario Pino ordenó al inspector jefe Díez Sevillano que diera el pendrive al entonces jefe de la UDEF, comisario principal Manuel Vázquez, con indicación de que ese material procedía de un procedimiento judicial. Para el juez, Pino sabía que «esa información era incierta». No se conformó el DAO con eso, ya que por la misma vía dio órdenes de que los datos se utilizaran en la investigación.

Para el juez, ha existido un riesgo relevante «de que documentos de origen desconocido» contaminaran otros actos procesales, y considera que «esta irregular búsqueda de atajos por parte de la superior autoridad judicial, constitucional y éticamente inadmisibles, convirtió estos documentos y el informe policial que los analizaba en elementos de prueba ilícitos con potencial contaminante».

Contradicciones

Pero es que además, en sus comparecencias ante el juez, una voluntaria por carta y otra citado por De la Mata, Pino incurrió en contradicciones, cuando no en falsedades. Así, por escrito dijo que el que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, fue quien le entregó el material y que a éste se lo habían dado dos empleados de la agencia de detectives Método 3; y luego, ante el magistrado, señaló que este último extremo se lo había imaginado, que fue «una ocurrencia». De su puño y letra manifestó que había visto parte de la información, de lo que se desdijo ante el instructor, precisando que no sabía por qué lo había declarado.

Además, Martín Blas y los empleados de Método 3 se desvincularon del pendrive y el entonces jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, precisó que le llegó en marzo de 2015, y no en 2013, como afirmó Pino, lo que además quedó grabado en un ordenador de su unidad. Vázquez añadió otro dato demoledor: en 2016 fue a ver al inspector jefe Díez Sevillano para preguntarle por el origen del dispositivo electrónico y éste le confirmó que procedían de los ordenadores de Método 3 y que podían ser utilizados.

El juez decide, además de deducir testimonio, informar de estos hechos al Ministerio de Interior «a los efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan».