El juez excluye pruebas contra Pujol Ferrusola y denuncia al ex número dos de la Policía

«Está prohibido hacer trampas». Con esta expresión, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha excluido de forma definitiva documentos policiales incorporados a la investigación a la familia Pujol Ferrusola por no haber podido comprobar el origen del pen drive o memoria informática en el que se encontraban. El magistrado considera que esos archivos han sido obtenidos de forma ilícita y denuncia al antiguo número dos de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y al funcionario Bonifacio Díez Sevillano para que los juzgados de instrucción de Madrid investiguen si cometieron algún delito por estos hechos.

En su auto, el juez explica todas las diligencias practicadas para tratar de acreditar el origen de los archivos policiales incorporados a un pen drive que se entregó al comisario principal de la Unidad de Delincuencia Económica Financiera (UDEF), la unidad que indaga en los movimientos sospechosos de fondos de Jordi Pujol, Marta Ferrusola y sus siete hijos.

De la Mata buscaba determinar que estos documentos fueron obtenidos legítimamente, pero no ha podido probar su procedencia.

Para evitar contaminar el resto de la investigación, según la teoría del fruto del árbol prohibido, el magistrado mantuvo el pen drive sospechoso en una pieza separada, como medida «profiláctica». El juez considera que no se ajusta la realidad la explicación que dieron el comisario Pino y Marcelino Martín Blas, que aseguraron que los archivos procedían de la causa que en el juzgado número 14 de Barcelona investigaba a los detectives de Método 3, la agencia que espió a la popular Alicia Sánchez-Camacho.

Para explicar su decisión, el juez recurre a la doctrina del Tribunal Supremo, que estableció que deben excluirse las pruebas ilícitas como una exigencia ética, en el llamado caso Falciani. Para evitar «una metástasis procesal», asegura De la Mata, «es preciso un permanente esfuerzo de saneamiento del proceso, excluyendo aquellos elementos de prueba con virtualidad contaminante». El juez añade que este deber se refuerza en el caso de los poderes públicos. «Se trata de dejar claro, singularmente a los poderes públicos y a los agentes de la autoridad, que está prohibido hacer tramas», concluye el juez, que acota la investigación.

El juez investiga la fortuna que la familia Pujol ocultó en Andorra y ha interrogado por ello como imputado a los nueve miembros del clan. El magistrado desconfía de la tesis familiar (que la fortuna procede de un legado del abuelo Florenci) y sospecha que el hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, conocido como «Junior», recaudó comisiones ilícitas de empresarios dedicados a la contratación pública. Los empresarios justifican sus pagos en servicios reales que «Junior» les prestó en sus negocios.