Los gobiernos del PSOE claudican ante las recetas de Podemos

Podemos no gobierna en ninguna Comunidad Autónoma, pero permitió en varias de ellas los gobiernos del PSOE. Igual que los socialistas apoyaron a las marcas de Podemos en los Ayuntamientos. Una transacción que solo perseguía un fin: expulsar al PP de las instituciones.

Mientras que la influencia del PSOE se diluye en los Ayuntamientos entre las dinámicas populistas, en las autonomías el PSOE no ha logrado mantener firme su esencia y es más perceptible la influencia de los populistas.

Ejemplo es Castilla-La Mancha, donde el papel de Podemos es teóricamente el de guardián del pacto de investidura que aupó a la presidencia de la Junta de Comunidades al socialista Emiliano García-Page. Aunque los dos diputados que obtuvo la formación morada en las Cortes regionales rechazaron formar parte del Ejecutivo, su voz se deja oír en cada una de las decisiones que toma el gobierno castellano-manchego.

Aun así, según se ha podido comprobar en este primer año de legislatura, la convivencia entre socialistas y podemitas ha sido, si no idílica, bastante buena. Prueba de ello es la escasa labor de oposición que Podemos ha hecho contra muchas medidas adoptadas por el gobierno socialista, lo que contrasta con las críticas constantes al PP y al gobierno central.

Además, gran parte de las iniciativas propuestas por los dos parlamentarios de la formación morada han estado cargadas de polémica. Entre esas propuestas podemitas destaca la obligación que le impuso al gobierno socialista de reducir progresivamente la financiación a la educación concertada y la de cursar una petición al Gobierno central para que se suspenda a las comunidades autónomas en su obligación de financiar servicios religiosos en el ámbito de los servicios públicos: sanidad, educación o bienestar social.

Gran aumento de gasto

Otro caso claro de la enorme influencia de Podemos sobre el PSOE se ha dado en Aragón. El Gobierno aragonés ha aprobado en lo que lleva de mandato cinco leyes, cifra casi idéntica a la que dejó el primer año del Ejecutivo PP-PAR en la anterior legislatura. La dirección de unas y otras, sin embargo, han sido bien distintas.

Cuando Rudi llegó al Ejecutivo regional, una de sus primeras leyes consistió en reforzar los controles sobre el costoso entramado de empresas públicas. Lambán, por su parte, aprobó una iniciativa legal para descargar a esas sociedades de sus abultadas deudas —más de 200 millones de euros— y endosársela directamente a las arcas de la Administración autonómica.

La apuesta por aumentar el gasto en políticas sociales, Sanidad y Educación ha incluido un aumento de la plantilla con la contratación de unos mil interinos más durante el segundo semestre del año pasado, que se sumaron a los otros mil que contrató el Ejecutivo de Rudi entre enero y junio de 2015, en la recta final de su mandato. El aumento de los gastos ha acentuado el descuadre de las cuentas y el déficit, lo que ha llevado al Gobierno central, por vez primera, a intervenir fondos al Ejecutivo regional.

Tampoco han estado estos Ejecutivos exentos de las malas prácticas. Una muestra es la Comunidad Valenciana. Las principales denuncias de enchufismo en el Gobierno autonómico que forman PSPV-PSOE y Compromís con el respaldo de Podemos se han centrado en la figura de la consejera de Sanidad, Carmen Montón. Así, el Partido Popular ha denunciado en las Cortes Valencianas más de una veintena de nombramientos «a dedo» que han beneficiado a dirigentes o antiguos cargos socialistas. Entre ellos el de la exsenadora del PSC Mónica Almiñana como directora del hospital La Fe de Valencia. El anuncio de su nombramiento se hizo antes de que se convocara incluso el concurso para cubrir la plaza.

El pasado mes de diciembre, la empresa mixta de aguas de la Diputación de Valencia, Egevasa, nombró como gerente a Alberto Hernández, marido de la «ministrable» de Pedro Sánchez. A los días dimitió tras las críticas por «enchufismo» recibidas, entre ellas la de la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra.