Cuenta atrás para abortar la resolución separatista

La vigencia de la resolución de la ruptura con España aprobada el lunes por el Parlamento catalán tiene las horas contadas. La maquinaria del Estado de Derecho ya está en marcha para abortar, en un plazo máximo de 48 horas, ese plan de «desconexión democrática» con España. En las próximas horas estará listo el dictamen del Consejo de Estado que el presidente del Gobierno ha encargado al órgano consultivo con carácter de urgencia. Y esta misma tarde se reunirá la Comisión de secretarios y subsecretarios de Estado para preparar el Consejo de Ministros del miércoles, el que autorizará al jefe del Ejecutivo para interponer este recurso. Si el TC convoca el Pleno extraordinario el miércoles por la tarde, será en ese momento cuando la resolución sea suspendida; si lo pospone para el jueves, la suspensión se retrasará unas horas.

En cualquier caso, la carrera contrarreloj ya ha empezado.

Ni una hora tardó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en anunciar el recurso que el Ejecutivo va a interponer contra el órdago independentista. Lo hizo en Béjar (Salamanca), desde el Ayuntamiento de esta localidad, donde firmó la solicitud de un dictamen al Consejo de Estado, con carácter de urgencia, para presentar la impugnación.

Sin modificar un ápice su agenda, y con el ánimo de transmitir que el Ejecutivo tiene la situación bajo control, Rajoy había llegado a Béjar una hora antes para participar en un acto político del PP y dar un paseo por las calles de este municipio, con mayoría absoluta de los populares, donde recibió un auténtico baño de afecto de sus vecinos. El paseo se aligeró en cuanto llegó la noticia de la aprobación de la resolución con la que se pretende avanzar hacia una República independiente catalana. El presidente aceleró el paso, se puso la corbata al llegar al Ayuntamiento y firmó la solicitud de informe al Consejo de Estado, que deberá estar emitido en un plazo de 24 horas. Después, en el salón de plenos, leyó una declaración institucional con toda solemnidad.

Reunión con Sánchez

Rajoy iniciaba así los trámites para frenar en seco la resolución independentista ante el Tribunal Constitucional. Esa misma mañana, llamó por teléfono al jefe de la oposición, Pedro Sánchez, para informarle del paso que estaba a punto de dar, y ambos cerraron una reunión en el Palacio de la Moncloa para hoy mismo, antes de aprobar el recurso. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se puso en contacto con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, así como con los líderes de Podemos e IU, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, respectivamente. A todos ellos les informó de la respuesta del Ejecutivo, tal y como se había comprometido a hacer Rajoy. Hoy martes se reunirán los secretarios de Estado y los subsecretarios, para preparar el Consejo de Ministros extraordinario, que se ha convocado para este miércoles a primera hora.

Este Consejo de Ministros autorizará al presidente del Gobierno a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Rajoy confirmó que solicitará, por ser prerrogativa del Gobierno, la inmediata suspensión de la resolución aprobada en Cataluña y de todos sus efectos. Además, los servicios jurídicos del Estado pedirán al TC que, en caso de ser acordada la suspensión, se comunique a la presidenta del Parlamento catalán, la activista independentista Carme Forcadell, que la resolución recurrida «no tiene ningún valor y no puede tener ninguna consecuencia». El Gobierno ha apuntado a Forcadell como principal responsable del Pleno de la ruptura de ayer, y también de la posible desobediencia que pueda producirse.

Este mismo miércoles, antes del almuerzo, Rajoy estará viajando a Malta, para participar en la cumbre de la Unión Europa sobre Migración, pero el Ejecutivo ya habrá respondido con toda la fuerza legal contra el intento de secesión producido en la Cámara autonómica catalana.

«El primer paso»

«El Gobierno no va a permitir que esto continúe», advirtió Rajoy, quien dejó claro, cuando se le preguntó por la posible aplicación del artículo 155 en el futuro, que el Ejecutivo utilizará todos los mecanismos y los medios que ofrece el Estado de Derecho para evitar este ataque contra la convivencia y la democracia. «Utilizaremos solo la ley, pero toda la ley. Solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. Solo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia».

Rajoy subrayó que este recurso ante el TC que presentará el Gobierno «es el primer paso». «Me gustaría que fuera el último, pero no depende de quienes defendemos la convivencia, depende del inútil empeño de quienes quieren atacar la convivencia», afirmó el presidente. En su declaración, Rajoy agradeció el apoyo recibido en estos últimos días de diferentes líderes políticos y agentes económicos y sociales, «un apoyo que es a la democracia española y un respaldo mayoritario que es a la unidad de España». «Tengo la certeza de que la mayoría de la sociedad española está unida frente al desafío, mientras que en la sociedad catalana las pretensiones soberanistas no han hecho más que provocar incertidumbre y división», dijo.

Rajoy volvió a enviar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles: «Entiendo el hartazgo y la indignación que provoca en tantos españoles este continuo intento de deslegitimar nuestras instituciones y nuestra vida en común. Entiendo la zozobra que hoy pueden sentir tantos catalanes ante una iniciativa que no solo desprecia la legalidad, sino la propia pluralidad de la sociedad catalana. Deben estar tranquilos». El jefe del Ejecutivo garantizó que «ni Cataluña se va a desconectar de ningún sitio ni se va a producir ninguna fractura». «Nadie tendrá que escoger ni renunciar a su identidad española y europea, nadie va a estar desamparado de la ley democrática española, que protege los derechos y la igualdad de todos».

Democracia consolidada

Al final de su declaración, que duró siete minutos, Rajoy recordó que España es una nación libre y europea, una democracia consolidada y avanzada. «Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Vamos a defender y preservar la democracia en toda España. Con el recurso asumo mi obligación como gobernante y mi convicción como demócrata y como español».

Después de firmar en el libro de honor del Ayuntamiento de Béjar, Rajoy participó en el acto preelectoral previsto en la localidad, ante centenares de personas congregadas en la plaza mayor. Allí volvió a insistir en «el ataque a los sentimiento de millones de personas que nos sentimos españoles, vivamos en Béjar, en Cataluña o en el resto de España». « No nos vamos a cansar nunca de defender lo que es de todos, España. España es de todos, y lo que sea en el futuro lo vamos a decidir entre todos».

Precisamente la unidad de España y la soberanía nacional son dos de los preceptos constitucionales cuya vulneración denunciará el Gobierno en su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Como adelantó ABC, se trata de la columna vertebral del recurso en el que los servicios jurídicos del Estado pondrán de manifiesto que el Parlamento catalán se arroga «poderes ilimitados», pues la resolución de los independentistas lo convierte en «depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente».

Dividir lo indivisible

La Cámara autonómica no puede, además, ejercitar el derecho de secesión sin atentar contra la Constitución: no se puede dividir lo que la Carta Magna considera indivisible (la unidad de España), sostendrá el escrito de la Abogacía del Estado. Entre otras vulneraciones flagrantes de la Constitución está la del artículo 168, pues se habilita al Parlamento catalán a iniciar un proyecto constituyente sin previa reforma de la Carta Magna.

Tan pronto como la impugnación del Gobierno sea registrada en el TC, la resolución de la ruptura quedará suspendida por mandato constitucional: el artículo 161.2 de la Constitución señala que «(...) la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida», que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses. La providencia del TC dejará claro que la suspensión tiene efectos desde la mera interposición del recurso.

Una vez aprobada, la resolución de la ruptura no tiene más efecto jurídico que la propia inconstitucionalidad que pone de manifiesto el Gobierno. Cuestión distinta es cualquier iniciativa que de ella se derive y con la que se pretenda impulsar el plan secesionista anunciado. Esa conducta constituiría ya un acto de desobediencia.