Casals ofrecía a los ministerios un buen trato en sus medios a cambio de subvenciones

Javier Pérez Dolset, máximo responsable de la empresa ZED Worldwide y detenido el pasado jueves por insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones y falsedad documental, aportó a los investigadores correos electrónicos y contratos incriminatorios contra Mauricio Casals, presidente de «La Razón». Según la investigación, este habría ofrecido a los ministerios de Economía e Industria buen trato editorial en los medios en los que tiene influencia -además del citado diario, Antena 3 y La Sexta- a cambio de subvenciones y créditos blandos para la sociedad del arrestado, de la que el Grupo Planeta es accionista.

Las desavenencias entre Pérez Dolset y sus socios de Planeta comenzaron con la decisión del primero de crear una división internacional con socios rusos, así como por su forma de administrar las sociedades.

En este marco, el empresario denunció una campaña de presión para disuadirle de su empeño de denunciar las actividades ilícitas de sus socios rusos y para que no opusiera resistencia a la pérdida del control de la empresa española, sacando de la misma a los inversores.

Pérez manifestó que tenía constancia de que se había pagado a periodistas para que emprendieran una campaña contra ZED. Es más; en abril denunció ante la Policía que se sentía coaccionado por Mauricio Casals, quien le habría advertido de que si comunicaba a las autoridades hechos ilícitos del Grupo Planeta, los medios que controlan difundirían informaciones perjudiciales para el empresario. Añadió que esas presiones aumentaron tras la detención en Madrid de Peter Wakkie, una persona nombrada para ejercer un arbitraje en la gestión de ZED +, donde la guerra entre Pérez Dolset y sus socios rusos había paralizado la sociedad, pero cuya actuación fue claramente favorable a estos últimos.

«Influencia política»

El denunciante afirmó que hubo publicaciones en «La Razón» y otros medios difamatorias contra él y que se le advirtió que podrían trasladarse a las televisiones del Grupo. Afirmó en relación con las subvenciones recibidas por filiales del Grupo ZED entre 2011 y 2014 que fueron consecuencia de la «influencia política» que Mauricio Casals tenía en el Ministerio de Industria. Pérez Dolset afirmó además que su temor a Casals era consecuencia de que éste ha utilizado de forma habitual su posición en los medios del Grupo Planeta para pedir compensaciones económicas camufladas en publicidad de grandes grupos empresariales a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios que controla, y puso sobre la mesa varios ejemplos.

La actuación de la familia Pérez Dolset, en cualquier caso, distaría de ser ejemplar. Algunos de sus miembros, para paliar posibles consecuencia de la guerra con los rusos, decidieron vaciar de fondos ZED y crear de forma ficticia una aparencia de solvencia en esa sociedad. Así, podría ocultar más de 100 millones de dólares en una empresa panameña no declarada en España.

Según la investigación, los hermanos Javier e Ignacio Pérez Dolset idearon un plan para obtener de forma ilícita la concesión masiva de subvenciones públicas para el Grupo ZED que incluía el falseamiento de las condiciones necesarias para acceder a ellas, la utilización de un «círculo de influencias para mover voluntades de los responsables públicos» y la supresión de las posteriores medidas de control sobre el destino de los fondos públicos.

Entre 2010 y 2016 las sociedades del Grupo ZED obtuvieron más de 69 millones de euros del Ministerio de Industria, del de Economía y de organismos públicos vinculados a éstos. También lograron dinero de organismos europeos y de entidades dependientes de la Comunidad de Madrid, como la fundación Madrid Networks.

Para justificar las ayudas se elaboraron proyectos para su presentación ante las administraciones públicas con el exclusivo propósito de obtener ilícitamente fondos públicos. Es importante destacar que ZED Worwilde mantiene una deuda de más de 28 millones con las administraciones.

Asesoramiento de Planeta

Según Pérez Dolset, todas las labores de obtención de financiación pública se realizaron con el asesoramiento del Grupo Planeta, y Casals mantenía las relaciones necesarias con las instituciones. Por estas labores de «asesoramiento y reaciones institucionales» el Grupo ZED pagó a Audiovisual Española 2000, editora de «La Razón», 2,1 millones de euros entre 2009 y 2013.

Los investigadores sostienen que al margen de la denuncia de Pérez Dolset, hay indicios objetivos de que Audiovisual Española 2000 cobró esas cantidades por la intervención de Mauricio Casals y sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas. Las facturas, además, no se emiten por servicios de publicidad prestados por «La Razón», sino por conceptos tan imprecios como «Análisis del mercado audiovisual actual, nacional e internacional, colaboración en el desarrollo de nuevos formatos de televisión y sus estrategias de comercialización global».