La nueva tasa digital - no exenta de polémica- genera rechazo y aceptación a partes iguales
La nueva tasa digital - no exenta de polémica- genera rechazo y aceptación a partes iguales - ADOBESTOCK

Tasa Google o el riesgo de que los españoles paguen más por sus compras digitales

Las tecnológicas podrían trasladar el coste del tributo al precio de sus servicios y productos, según fuentes del sector

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A mediados de enero, el Gobierno aprobó dos nuevos impuestos, entre ellos, el denominado como «tasa Google» que recae sobre determinados servicios digitales con un gravamen del 3% a partir de los ingresos obtenidos por publicidad en internet, los servicios de intermediación en la web y la venta de datos personales generados a partir de la huella que dejan los usuarios al navegar por la Red. Este tributo -con el que el Gobierno espera recaudar unos 1.200 millones de euros- solo afecta a multinacionales tecnológicas que facturen más de 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo, por lo que no incidirá de forma directa en las pequeñas y medianas empresas. Este nueva tasa recae sobre grandes compañías tecnológicas, como Uber, Amazon o Telefónica.

La nueva tasa digital - no exenta de polémica- genera rechazo y aceptación a partes iguales. Las patronales tecnológicas Adigital y Ametic (con asociados como Amazon Web Services, Apple Marketing, Google, Facebook o Samsung, entre otros) han criticado duramente las proyecciones de recaudación del Ejecutivo y aseguran que no salen las cuentas. «La estimación de 1.200 millones no sabemos cómo se ha hecho» indicó la directora general de Ametic, María Teresa Gómez, durante la presentación de un estudio de PwC que analiza las repercusiones de este impuesto. Por su parte, el director general de Adigital, José Luis Zimmermann, tildó la cifra de «enormemente ambiciosa» y de carecer de «mucho sentido», a la vez que recordó que en base a la propuesta de la Comisión Europea, las previsiones apuntan a que España recaude unos 600 millones de euros, la mitad de lo calculado por el Gobierno.

Además, en dicho estudio se afirma que la norma afectará de forma indirecta a pymes y consumidores de nuestro país. «No puede ser que España sea el único que regule por su cuenta cuando las dudas sobre el diseño técnico y la recaudación son tan grandes», indicó tajante Gomez. Así, del informe elaborado por PwC se extrae que las grans plataformas de comercio digital acabarán repercutiendo el coste del impuesto al cliente ya que verán mermados sus beneficios en hasta 562 millones de euros y por ende, los clientes pagarán hasta 665 millones de más por la compra de los bienes y servicios gravados, es decir, 30 euros por cada consumidor digital.

Pese a ello, algunos expertos consideran necesaria esta revisión fiscal. «La economía digital localiza sus beneficios en territorios de muy baja tributación, dando la espalda a las arcas públicas de los países donde están sus clientes y donde venden sus servicios», asegura el profesor de EAE Business School Daniel Vaccaro. En este sentido, Vaccaro remarca que los usuarios son contribuyentes además de consumidores. «No hay que olvidar que el ciudadano medio dedica una parte cada vez mayor de su salario al pago de servicios digitales ofrecidos por empresas cuyos beneficios no tributan en nuestro país».

Vaccaro también duda de que la tasa Google acabe perjudicando al cliente de las plataformas de comercio electrónico. «Es un impuesto que no va a afectar a todo el mundo a priori. No es tan simple, ya que no solo son compradores, también pagan tributos. Esto es algo que tendrán que responder las empresas», puntualiza Vaccaro. En este sentido, Vaccaro considera «en la era digital también se necesitan revisar las reglas de la tributación». «Nos hacemos la pregunta con las empresas digitales pero las otras compañías con comercios a pie de calle pagan un 25% y nadie se cuestiona si subieron o no los precios en su momento», añade.

Por su parte, el director para España del comparador de precios de Idealo, Adrián Amorín, sí ve un claro riesgo de que este impuesto «repercuta en lo que paga el cliente final». «Las pymes que venden a través de las plataformas de grandes empresas digitales van a tener que pagar un coste adicional. Queda por ver si van a trasladar este alza al consumidor o si lo asumen», indica. A pesar de que el comprador español será el mayor perjudicado -junto a las grandes tecnológicas que pagarán impuestos-, también habrá quien salga ganando. «Los grandes beneficiados serán las pequeñas tiendas online, que tendrán más facilidades para competir con los gigantes del comercio electrónico», indica Amorín, quien cree que ahora más que nunca tien sentido realizar una comparación de precios «antes de comprar cualquier producto para maximizar el ahorro».

Europa retrasa su aplicación

España ha decidido ser la primera en seguir adelante y en solitario con la aprobación del impuesto a los servicios digitales después de que la Unión Europa (UE) optara a finales del año pasado por retrasar la entrada en vigor de este tributo como mínimo hasta el año 2021. En Bruselas buscan tener todo bien atado y alcanzar el consenso entre sus estados miembros e incluir el criterio y las recomendaciones en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ante las dificultades para alcanzar un pacto el pasado diciembre, Francia y Alemania plantearon una propuesta de mínimos que contempla que solo se grave la facturación por servicios publicitarios. Los países de la UE también optaron entonces por ampliar hasta marzo el plazo en que esperan que este impuesto sea aprobado por la mayoría de estados miembros. En la actualidad, existe una fuerte división en el seno de la UE con un grupo de países en contra -Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca- y un segundo bloque formado por Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y España.

En esta línea, Adrián Amorín asegura que lo correcto por parte del Ejecutivo español habría sido esperar a una tasa con el consenso europeo. «No estamos a favor porque vemos el riesgo de que aumenten los precios para el usuario en España. Tiene más sentido la aprobación de un impuesto a nivel europeo o internacional porque los consumidores en España quedan en desventaja frente a los de otros países. El Gobierno debería haber esperado para hacer las cosas bien», señala Amorín.