Las tarjetas «black», el escándalo que sacudió Caja Madrid

Todo comenzó en octubre de 2014, cuando se descubrió una investigación que acusaba a 86 consejeros de Caja Madrid de haber gastado 15,5 millones de euros de la empresa de forma indebida. Tan solo unos días más tarde, el juez Andreu impuso a Miguel Blesa, expresidente de la entidad, una fianza de 16 millones y otra de tres para Rodrigo Rato.

Por ello, el exministro y también expresidente de la entidad solicitó al Partido Popular la suspensión temporal de su militancia. Para hacer frente a las fianzas impuestas por el juez Rato presentó un aval de Banco Sabadell, mientras que Blesa optó por Mapfre para evitar, en ambos casos, que les embargaran sus bienes.

En aquellos momentos los acusados declaraban no conocer que la tarjeta formara parte de su sueldo, cuando además ya contaban con una tarjeta de empresa.

Así, no tenían claro que estuviera incluido en su retribución o, si por el contrario, eran gastos de representación.

Ya en el mes de abril de 2015, la Fiscalía solicitó el secreto provisional del sumario contra tres exdirectivos de Caja Madrid. Además, el juez Andreu declaró el archivo de la causa contra 15 directivos por el escándalo de las tarjetas «black» debido a que habían prescrito desde la última disposición de dinero.

En diciembre de 2015 Andreu finalizó la investigación, terminando así la fase de instrucción del caso. Dejó en el punto de mira a Rato, Blesa y otros 64 implicados, aunque esta cifra se vio reducida en una persona por la muerte de uno de los implicados, Miguel Ángel Araujo.

Se inicia la segunda fase

En febrero de 2016, el juez de la Audiencia Nacional Andreu dictó el auto de apertura de juicio oral contra los investigados que utilizaron las tarjetas «black», enviando la fase de enjuiciamiento a la sección cuarta de la sala de los penal, acusados de presuntos delitos de adminsitración y apropiación indebida.

La Fiscalía Anticorrupción pidió seis años de cárcel para Blesa y cuatro años y medio para Rato, a quienes considera responsables de la entrega de las visas como expresidentes de las entidades. El Ministerio Público, que para los demás usuarios de las tarjetas reclamó penas de entre uno y cuatro años de cárcel, según el gasto de cada uno y si habían devuelto parte del dinero, consideró que los directivos utilizaron las visas para partidas que eran injustificables como gastos de representación, como fiestas, viajes o lencería.

La Audiencia Nacional condenó finalmente Blesa a seis años de prisión y a Rodrigo Rato a cuatro años y seis meses por el caso de las «black». La sentencia imponía penas a los 65 acusados que oscilaban entre los 3 meses y los 6 años de prisión por delito continuado de apropiación indebida.