ENTREVISTA CON JULIÁN NÚÑEZ, PRESIDENTE DE SEOPAN
Núñez (Seopan): «Los peajes son una alternativa a la subida generalizada de impuestos»
Mientras el Gobierno levanta barreras en la AP-1, la patronal de grandes constructoras y concesionarias pide tarificar la red para «acercarnos a Europa»
El fin de la concesión de la AP-1, que pasó a ser gratuita el 1 de diciembre tras 44 años como vía de pago, ha reabierto el debate de la sostenibilidad de los 20.000 kilómetros de autopistas y autovías que recorren España. No es el único reto al que se enfrenta el sector de la obra civil. Proyectos como la relicitación de las radiales y el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que parecían inminentes con el anterior Gobierno, se han suspendido. En este contexto, el presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias (Seopan), Julián Núñez (Madrid, 1968), pide «un pacto de Estado para establecer un modelo de financiación que escape a los ciclos económicos».
-El Gobierno acaba de levantar las barreras en la AP-1 y prevé gestionar más autopistas de pago. ¿Qué impacto tendrá esta medida?
-Se trata de una decisión comprometida antes de que el Gobierno llegara al poder. El Ejecutivo ha decidido no renovar las concesiones que terminan próximamente, pero también ha abierto el debate público con la creación de una subcomisión en el Congreso en la que los partidos intentarán fijar un modelo de gestión para las autopistas. Es una buena iniciativa y participaremos en ella. El modelo actual fomenta la desigualdad social, porque en cada comunidad se paga un peaje.
-La empresa pública Seittsa ya tiene capacidad para cobrar peajes...
-La ventaja de que las autopistas sean gestionadas por el sector privado es que puede anticipar recursos. Además, externalizar estas infraestructuras libera gastos de mantenimiento y atrae inversiones. Estas vías son muy atractivas para inversores institucionales como fondos de pensiones.
-¿No es excesivo tarificar toda la red, como propone su organización?
-Tenemos un problema de financiación y necesitamos armonizar nuestro modelo con el de Europa, donde 23 países tienen el 100% de su red tarificada y otros cuatro lo tienen parcialmente. España es el país con menor porcentaje de vías tarificadas del continente, con el 18%. Esto lastra nuestra competitividad y desincentiva aspectos como el transporte ferroviario de mercancías. Además, los 3.100 kilómetros de peajes actuales proporcionan recursos cercanos a los 1.000 millones al año, de los que 200 corresponden al ahorro en gastos de conservación y 800 son retornos fiscales. Potenciar este modelo es una alternativa a realizar una subida generalizada de impuestos y nos acerca a Europa.
-También han propuesto implantar peajes en los accesos a ciudades como Madrid y Barcelona para solucionar los problemas de congestión. ¿No puede acabar este proyecto como las radiales?
-No, son iniciativas distintas. Proponemos racionalizar la accesibilidad diaria en las ciudades dando la opción de utilizar vías rápidas de pago en carreteras como la M-30 que generarían unos cánones. Las radiales no resolvían el problema de la accesibilidad, ya que ninguna de ellas tenía conectividad con el núcleo urbano. No creo que sea un modelo del siglo XXI restringir el tráfico sin invertir en transporte público. Necesitamos más de actuaciones valoradas en 30.000 millones solo en Cercanías y Metro.
- La ley de desindexación limita la rentabilidad de los contratos de concesión al 3%, lo que ha obligado a modificar el Plan de Inversión en Carreteras (PIC). ¿Cómo se financiará el nuevo proyecto?
-El Gobierno tiene previsto adelantar vía Presupuestos todos los expedientes del antiguo PIC que estaban ya cerrados, valorados en unos 1.000 millones de euros, algo que aplaudimos. Además, se trabaja en una formula alternativa para el resto de actuaciones. Se baraja que el plazo de concesión sea de 10 años, que la mitad de la inversión vaya con cargo a Presupuestos, trasladar el riesgo de expropiaciones... es pronto para evaluar por completo la propuesta, porque está abierta. Eso sí, hay que tener en cuenta que el modelo concesional es vital para desarrollar las infraestructuras españolas, por lo que hay que intentar abordar una reforma que modifique en parte la ley de desindexación.
-La UE ha multado a España con 12 millones por no adecuar la normativa a los sistemas de depuración de aguas residuales. ¿Se están tomando medidas al respecto
-La multa se refiere a nueve núcleos urbanos con más de 20.000 habitantes, pero hay otros 540 núcleos donde ocurre exactamente lo mismo. La multa, que aumentará en 11 millones cada semestre que no se realicen actuaciones, la vamos a pagar todos los españoles. Europa reclama inversiones de unos 5.000 millones. Hemos trasladado al Ministerio de Transición Ecológica que estamos obligados a comunicar los plazos de estas inversiones.
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