El Parlamento europeo pide congelar el 20% de salarios y pensiones de excomisarios

La comisión de Presupuesto de la Eurocámara pidió hoy congelar el 20% de los salarios y pensiones de ex comisarios europeos para «forzar» la revisión del código de conducta de la institución, tras escándalos como el fichaje de José Manuel Durao Barroso por Goldman Sachs o la empresa de Nellie Kroes en Bahamas.

«Hay un problema muy serio detrás de todo esto y el código de conducta debe revisarse», afirmó a Efe la eurodiputada popular alemana Ingeborg Grässle. Se trata de una de las enmiendas al presupuesto del Consejo del borrador presupuestario europeo de 2017, que se votan entre hoy y mañana, y que ha sido respaldada «de manera unánime», explicó la eurodiputada.

Grässle ha pedido, en un informe de opinión respaldado por esta misma comisión parlamentaria, introducir cambios «necesarios" en el código de conducta de los comisarios.

Por ejemplo, plantea que el «periodo de espera» de 18 meses estipulado en el código para que los excomisarios puedan desempeñar un trabajo tras su mandato se amplíe a 24 meses.

«Durante dos años reciben una pensión como excomisarios, no veo lógico que el plazo no concuerde con eso», defendió. Los parlamentarios también piden que los bienes que posean los comisarios por un valor superior a 10.000 euros se hagan públicos, incluyendo los de sus familiares dependientes, y estipular "unas declaraciones de intereses estandarizadas.

«Es increíble que una larga carrera política no tenga consecuencias en la acumulación de bienes financieros», cuestiona. También considera que los comisarios deben «vender las acciones que posean en empresas de su área» y que haya «reglas específicas» para el presidente de la institución.

Grässle argumentó que «el principal problema es que el código de conducta es de aplicación voluntaria, no obligatoria» y que «hace falta que existan los mecanismos para implementarlo». «La CE debería tomar responsabilidad de este problema puesto que entraña un riesgo en su reputación», añadió.

El escollo, según Grässle, está en las diferencias normativas de los Estados miembros, « dado que los códigos de conducta son internos y requieren una garantía legal para su aplicación». Como ejemplo, citó que, en el caso de Alemania, a los miembros del Gobierno se les aplica una normativa especial para evitar el conflicto de intereses que contempla incluso sanciones penales.

La CE presentó hoy una propuesta para fomentar la transparencia en el PE y en el Consejo, que obliga a hacer públicas en un registro los grupos de presión o «lobbies» que tienen contacto con sus miembros, como ya ocurre en el caso del Ejecutivo comunitario.