La maraña legislativa hace mella en la marca España y complica la recuperación
Rebajas, autónomos, impuestos, obras... El goteo se rectificaciones ha generado inseguridad jurídica a las empresas y hace desconfiar a los inversores
Sí, pero no. Blanco, pero también negro. El goteo de matizaciones y rectificaciones del Gobierno y las inoportunas declaraciones de ministros como Alberto Garzón sobre la baja calidad del turismo, no están ayudando a la recuperación de España, más bien son un proyectil en la línea de flotación de la economía. «Las continuas rectificaciones generan incertidumbre dentro y fuera de España y un daño reputacional con consecuencias. Un empresario que, por ejemplo, piense celebrar un convención en nuestro país, si le llegan todas estas noticias terminará haciéndolo en Portugal o en cualquier otro sitio», aseguran fuentes empresariales a ABC.
A la profundidad de la crisis económica en la que se adentra el país, se une el intrincado laberinto legislativo generado por el Gobierno en su intento por acotar la pandemia y sus efectos económicos y sociales. En apenas diez semanas, empresas y trabajadores han tenido que encajar 11 reales decretos de corte económico , a los que hay que añadir las consiguientes matizaciones. Una auténtica maraña legal tejida, además, en un escenario de falta de claridad y comunicación con los sectores afectados. El resultado, denuncian fuentes empresariales, es un aumento de la inseguridad jurídica y un efecto desánimo disparado entre muchos pequeños comercios.
Nunca antes el Boletín Oficial del Estado (BOE) había generado tanta expectación como lo ha hecho en estos dos últimos meses. Si en una situación normal, los anuncios del Consejo de Ministros suelen plasmarse en el papel sin cambios de calado, la gestión del coronavirus ha derivado en un sinfín de disposiciones adicionales, órdenes ministeriales y resoluciones de diferentes ministerios, además de las numerosas rectificaciones verbales por parte de los ministros. El caso reciente más llamativo lo protagonizan las rebajas de los comercios que, desde ayer, pueden realizar actuaciones promocionales incluso en las provincias en las que aún siguen en Fase 0, como Madrid .
A golpe de orden
Una orden ministerial publicada el pasado sábado rectificaba a su vez otra orden dictada por el ministerio de Sanidad el pasado 9 de mayo y cuya falta de claridad respecto a las rebajas había dado lugar a interpretaciones diferentes dentro incluso del propio Gobierno. La nueva orden del sábado la modifica y aclara que se podrán llevar a cabo actividades promocionales en tiendas físicas siempre que no haya aglomeraciones que impidan el cumplimiento de las medidas sanitarias. «Estos requiebros tienen un efecto devastador en el ánimo y la confianza de los empresarios. Solo hay que pensar, por ejemplo, en la cartelería que tienen que encargar los comerciantes para estas rebajas. Primero no, luego sí, luego... Hace falta diálogo previo y planificación», aseguran fuentes empresariales.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido su actuación diciendo que «el Gobierno no rectifica, sino que sigue trabajando» , pero lo cierto es que al caso de las rebajas se le unen otros tantos. Las reformas en las viviendas han sido otro de los focos de polémica. A última hora del domingo 12 de abril, a escasas horas de que finalizara la hibernación de la economía y de que sectores como la construcción reanudaran su actividad, el Gobierno publicó un BOE extraordinario en el que se recogía una orden por la que se suspendían todas las obras ya existentes en edificios en los que hubiera personas. Desde el pasado 4 de mayo l as empresas de reformas han retomado su actividad, aunque lo han hecho a medio gas, ya que solo se permiten las obras en locales y viviendas deshabitadas y restringiéndose los contactos con los vecinos.
El plano fiscal tampoco ha sido diferente. El mismo día que vencía el plazo para domiciliar la declaración trimestral del IVA del primer trimestre, el Gobierno aprobó un aplazamiento de impuestos para pymes y autónomos, que daba luz verde a que con una facturación inferior a 600.000 euros pudieran pagar el IVA trimestral, las retenciones de IRPF y los pagos fraccionados de Sociedades el 20 de mayo en lugar del 20 de abril. La medida se adoptó el 15 de abril tras el rechazo inicial y después de que hasta 22 países de nuestro entorno hubieran aprobado medidas similares.
En vilo también han estado los autónomos con el acceso al cese extraordinario de actividad. Tres rectificaciones se produjeron en 20 días, lo que generó desconcierto en un colectivo muy perjuricado en esta crisis, obligados a echar la persiana y, la gran mayoría, teniendo que seguir pagando cotizaciones sociales e impuestos.
Incertidumbre también es la que tienen los trabajadores acogidos a un ERTE que todavía no han visto ni un solo euro en cuentas bancarias desde marzo. Como ya informó ABC la Administración esté teniendo muchas dificultades para gestionar la avalancha de regulaciones temporales de empleo. 300.000 afectados siguen esperan su ingreso mientras la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, pide paciencia y promete rapidez. En cualquier caso no veran su prestación el mes de junio tres meses después de solicitar la ayuda.
Y todo ello envuelto en polémicas que en nada ayudan al castigado sector turístico, revuelto contra el misil enviado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón . De precario, estacional y de bajo valor añadido calificó al tursmo en España, lo que le valió una tormenta de críticas y la petición de dimisió mientras la ministra la titualar responsable del Turismo, Reyes Maroto guardaba silencio.
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