Imagen del exterior del complejo de Abengoa Water en Dos Hermanas (Sevilla)
Imagen del exterior del complejo de Abengoa Water en Dos Hermanas (Sevilla) - EFE

La juez rechaza las pólizas de la excúpula de Abengoa para cubrir sus fianzas

Benjumea y Sánchez Ortega tienen un día para depositar 11,5 y 4,5 millones en la Audiencia Nacional

Madrid Actualizado: Guardar
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La juez del caso Abengoa, Carmen Lamela, ha rechazado las pólizas de seguro aportadas por la antigua cúpula de la empresa eléctrica -el expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega- para cubrir las fianzas impuestas, de 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente. Ambos tienen ahora, desde que se les notifique la decisión, un día para pagar dichas cantidades.

Lamela considera que las condiciones de la pólizas de seguro no permiten cubrir «la pérdida sufrida por la propia Abengoa» por las indemnizaciones que cobraron sus antiguos dirigentes, que están siendo investigados por posible administración desleal. Benjumea y Sánchez-Ortega cobraron dichas cantidades al dejar la empresa eléctrica, que se encuentra negociando para evitar el concurso.

Los dos dirigentes aportaron hace unos días sendos avales de la aseguradora AIG Europe Limited y XL Insurance por los que cada compañía cubría la mitad del importe de las fianzas al tratarse de pólizas de seguro de responsabilidad de administradores y directivos, de carácter privado, contratadas entre las aseguradoras y Abengoa, quien aparece como tomador del seguro.

La magistrada explica que en estas pólizas la aseguradora asume frente a la víctima la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos por la conducta asegurada, incluso aunque se deban a una actuación dolosa, como un delito; pero esta «universalidad» no existe en el caso del asegurado, más limitada.

Esta investigación, impulsada por la querella de dos bonistas, trata de averiguar si hubo supuesto delito en la gestión que realizaron Benjumea y Sánchez-Ortega al cobrar las indemnizaciones de 11,5 y 4,5 millones al dejar la empresa, que ya andaba sobre el alambre. La Fiscalía entiende que los exdirectivos colocaron en primer lugar su interés patrimonial al de la sociedad a la que representaban.

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