Impuestos verdes y a las bebidas azucaradas para luchar contra el déficit público

El Gobierno de Mariano Rajoy está decidido a que nuestro país, pese a la reducción de los últimos años, deje de ser uno de los campeones del déficit público de la Unión Europea. Para lograr el objetivo de que el desequilibrio de las cuentas públicas no supere el 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB)_comprometido con la Comisión Europea para este año está dispuesto a dar permiso a las Comunidades Autonómas para instaurar dos nuevos impuestos, el que grava las bebidas azucaradas y carbonatadas y los conocidos popularmente como «verdes» que penalizan al que contamina. «Ambos tributos se activarían para garantizar, si fuese necesario, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y, además de mejorar la fiscalidad, contribuirán al mejor funcionamiento de la unidad de mercado», según asegura el Ejcutivo en la Actualización del Plan de Estabilidad que envió ayer a la Comisión Europea.

Los cálculos que hace el Ejecutivo es que recaudaría 300 millones por los ambientales y 200 millones por las bebidas azucaradas.

La idea, en todo caso, es que no tenga que ser necesario, a tenor de las previsiones, que sitúan el crecimiento de la economía española en el 2,7% este año, lo que supondrá un aumento de la recaudación de impuestos fruto de la mayor actividad, tanto por la vía del Impuesto de Sociedades como del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De este modo, según el mencionado documento, «la ratio de ingresos pasará del 37,9% del PIB en 2016 al 38,7% del PIB en 2020, por el efecto de la consolidación de las medidas normativas aprobadas recientemente y por la buena marcha de la economía, que ha incidido positivamente en las bases imponibles generando un incremento de los ingresos».

El gasto público, por su parte, se reducirá desde el 41,5% de 2017 al 39,2% en 2020.  

Entre las nuevas medidas tributarias destaca el 10% de IVA_para los espectáculos culturales en vivo, así como para las monturas de gafas graduadas, frente al 21% actual de ambas partidas. En cuanto a los impuestos especiales, el de Hidrocarburos se reduce el importe de las cuotas a devolver por el gasóleo utilizado en la agricultura y ganadería al objeto de adecuar la normativa interna al derecho de la Unión Europea.

Gasto en pensiones a la baja

En lo que respecta al ámbito de la Seguridad Social, se prevé un crecimiento del gasto en pensiones del 3,1% para 2017, si bien los incrementos futuros de gasto serán menores e inferiores en media al 3%, suponiendo, una reducción del gasto en términos de PIB debido al impacto de las reformas en vigor desde 2013 y que retrasan paulatinamente la edad de jubilación. De esta forma, el gasto dedicado a pensiones previsto para el periodo 2017-2020 contempla un aumento aproximado del 12%.

El presupuesto consolidado de ingresos no financieros del Sistema de la Seguridad Social para el año 2017 asciende a 125.967 millones de euros. La principal fuente de financiación la constituyen las cotizaciones sociales, con un importe para este año de 110.560 millones de euros, un 5,7% menos que en 2016.

Por otro lado, el Gobierno ha recordado que entre 2015 y 2017 se ha producido un descenso de la aportación del Estado a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha pasado de los 10.109 millones de euros del primer año a los 1.634 millones de euros destinados al organismo para este año.

De cara a 2018, el Gobierno prevé continuar con la tendencia de descender la aportación al SEPE y espera que para 2019 esta institución pueda hacer frente a todos sus gastos con sus propios ingresos.

Por lo tanto, la aportación media del Estado a los presupuestos del SEPE disminuirá en el periodo 2017-2019 un 91,48%, si se compara con el periodo 2014-2016.

En cuanto al IPC, la previsión del deflactor del consumo privado es del 1,5% este año, del 1,6% en 2018, del 1,7% en 2019 y del 1,8% en 2020.

En materia laboral, el Gobierno prevé que la tasa de paro bajará al 11,2% a finales de 2020 (11,9% en media anual), lo que supone 16 puntos menos desde el pico máximo cercano al 27% que se alcanzó con la crisis en el primer trimestre de 2013. El ritmo de reducción previsto es de dos puntos por año, con lo que los 20 millones de ocupados que había al inicio de la recesión se alcanzarán a finales de 2019, si se cumplen las previsiones.

En conjunto, la actualización del cuadro macroeconómico recoge una revisión de dos décimas al alza del crecimiento de la economía española, del 2,5% al 2,7% para este año, aunque otros analistas sitúan el crecimiento del PIB_en el 3%.