Hacienda detecta «contratos ficticios» en máquinas de tabaco

Un tercio de las máquinas expendedoras de tabaco se mantienen en huelga hasta el próximo domingo por los roces con el Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), organismo regulador del sector dependiente del Ministerio de Hacienda. La Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo (Aepvr) -que agrupa, además de a los titulares de las expendedoras, a fabricantes y a las propias compañías fabricantes de tabaco- planteó este pulso como una respuesta a la supresión de los contratos de suministro de información firmados entre las tabaqueras y las empresas dedicadas a la instalación en depósito de los dispensadores.

El sistema de la discordia consiste en un dispositivo que incorporan estos aparatos mediante el que ceden datos a las multinacionales tabaqueras (Altadis, British American Tobacco, Japan Tobacco International (JTI) y Phillip Morris) sobre cuáles son las marcas y el tipo de cigarrillos más vendidos.

El CMT niega que haya impuesto sanciones únicamente por oponerse a estos contratos de información. De hecho, fuentes del departamento dirigido por Cristóbal Montoro concretan que el regulador del sector del tabaco ha detectado «contratos ficticios» por los que fabricantes y marcas de tabaco, «amparados» por una apariencia de legalidad (por información, mantenimiento de etiquetas, entre otros), «habían ofrecido y abonado diversos pagos a un operador minorista del mercado de tabacos al objeto de dar publicidad y prioridad a sus marcas en máquinas expendedoras, asegurándose una presencia indebida, contraria a la demanda real de los clientes, de sus marcas».

El Comisionado, de forma paralela, requirió información a los fabricantes por otros casos similares a los contratos fraudulentos. Tras esta consulta constató, asimismo, la existencia de «un plan preconcebido que integraba retribuciones indebidas a diversos operadores minoristas», subrayan desde este organismo.

Multas de 300.000 euros

La versión de la organización adscrita al Ministerio de Hacienda choca frontalmente con la de las empresas tabaqueras, que se disponen a repetir todos los meses los paros semanales por los que se desactivan 50.000 de las 150.000 máquinas expendedoras que existen en toda España si el CMT no se presta a negociar. El margen de diálogo es muy estrecho, casi inexistente, puesto que el organismo ve que estos contratos ficticios contravienen la legislación, que sanciona «el ofrecimiento por los fabricantes, importadores, marquistas y distribuidores mayoristas» a los puntos de venta y expendedores y «la aceptación de estos» de «un margen» de ingresos, «directo o indirecto, distinto al fijado por la ley». Por ello, impuso una multa de 300.000 euros a cada una de las multinacionales tabaqueras que fue «abonada voluntariamente».