Desde la principal asociación de transportistas aplauden el alivio para sus bolsillos, y hablan de «uso más racional de las carrteras»
Desde la principal asociación de transportistas aplauden el alivio para sus bolsillos, y hablan de «uso más racional de las carrteras» - DE SAN BERNARDO

La elevada factura de levantar los peajes: 450 millones de euros solo hasta 2021

La patronal del sector, Seopan, advierte que los costes podrían alcanzar los 1.000 millones de euros, en concepto de mantenimiento e impuestos, si la eliminación de los peajes se generalizara para los 2.550 km de la red de pago

MadridActualizado:

El anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, este lunes en las que anunciaba que levantaría el peaje de las autopistas cuyas concesiones vencen este año y el próximo; no ha pasado desapercibido para la patronal del sector, las asociaciones de camioneros o conductores. En concreto, de momento, la medida afectaría a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava) que retornaría al Estado en noviembre; a la AP-4 Sevilla- Cádiz y al tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona que lo harían a finales de 2019. En total, se eliminaría un 21% de la red de vías de pago españolas formada por unos 2.550 kilómetros. Lo que, según las estimaciones expuestas por Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) en abril, tendría un impacto negativo sobre las «arcas públicas» de unos 450 millones de euros anuales, solo si se tienen en cuenta las autopistas cuyo plazo de concesión concluyen hasta 2021.

Todos ello, en concepto de mantenimiento de las vías o de los impuestos pagados por las concesionarias. Para la patronal del sector, si esta medida se ampliara a todas las vías de pago superaría los 1.000 millones de euros. Desde esta Asociación también han estimado que el levantamiento del peaje sobre laAP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), cuya concesión caduca el próximo 30 de noviembre, conllevaría la pérdida de un «retorno fiscal» de 23 millones de euros anuales para el Estado y unos gastos adicionales de 6 millones de euros en materia de conservación. Además, de incrementar en un 36% el tráfico, un tercio de ellos camiones, en plenas obras de ampliación.

Desde Seopan, llevan tiempo impulsando el debate sobre el coste de este tipo de vías y si es eficiente o no cargarlo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es decir, sobre el contribuyente. O se opta porque su coste quede en manos de los usuarios, ya sea a través de peajes, bien de una tasa por uso o de la «euroviñeta» como en Alemania y Portugal.

¿La hora de la «euroviñeta»?

La «euroviñeta» - en línea con las directivas europeas- es la opción por la que apuesta el presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano, para «el mantenimiento de toda la red del Estado y las comunidades autónomas». A su juicio, «los costes de conservación no deben recaer sobre los contribuyentes: lo que es justo es que como cuando alguien contamina paga, aquí el que usa que pague».

Para Lezcano, otra ventaja de contar con una tasa única o «euroviñeta» sería contar con «un mercado interior y una red de alta capacidad adecuadas». Lo que en su opinión no sucede cuando el País Vasco establece peajes o Cataluña estudia la instauración de la «euroviñeta». Es decir, serviría para tratar a todas las carreteras del país por igual. Al respecto, Lazcano ha recordado que el déficit de conservación de las carreteras españoles - con datos de 2016- requeriría inversiones por un montante de 6.617 millones de euros, un 7% más respecto a 2013. El 94% solo por el deterioro acelerado del pavimento (6.217 millones de euros).

«El Estado recaudaría una tasa por uso y mediante un presupuesto finalista lo reinvertiría en el sector del transporte y en el sistema de transporte», ha explicado el máximo responsable de AEC que reconoce su sorpresa por la declaraciones de Ábalos. Al respecto, ha avisado también contra la complicada compatibilidad entre el incremento del gasto social y el mantenimiento del déficit.

1.900 euros anuales en peajes

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transportes de España (Fenadismer), la visión es la opuesta: En un comunicado, esta asociación hablar de «ventajas para la mejora de la seguridad vial y la descongestión de la red viaria nacional». En su opinión, el retorno de estas vías a la gestión estatal permitiría redistribuir los tráficos y «una utilización más racional de las carreteras nacionales por los vehículos de transporte». Por supuesto, para Fenadismer, esto también se notaría en los bolsillos de los transportistas que de media en concepto de peajes soportan unos 1.900 euros anuales por vehículo, según dato del propio Ministerio de Fomento.