El Brexit enturbiará la reforma de la PAC

La Política Agrícola Común (PAC) ha sido tradicionalmente el campo de acción más importante de las instituciones europeas en la vida y la economía de millones de ciudadanos y la parte más relevante de su presupuesto. Y, por supuesto, será una de las que más se verá afectada por la dramática salida del Reino Unido de la UE. La Comisión acaba de cerrar esta semana el periodo de consultas públicas para la nueva reforma de la PAC, que en su caso debería entrar en vigor a partir de 2021. Parece mucho tiempo, pero el calendario de las negociaciones del Brexit y el de la legislatura parlamentaria plantea un panorama complicadísimo.

Ahora mismo, la Comisión está ordenando las más de 300.000 aportaciones al debate que han depositado sindicatos, corporaciones, regiones, lobbies y agricultores.

Es un mecanismo habitual en el procedimiento legislativo comunitario que desembocará a finales de año en una comunicación en la que la Comisión hará un resumen de todas estas ideas. No hay una fecha prevista pero se espera que será en noviembre cuando la Comisión hará público ese documento, aunque los resultados de la consulta pública serán expuestos ya en julio, al comienzo de la presidencia estonia. Tampoco se ha informado aún de las corrientes mayoritarias en el debate sobre la renovación de la PAC, aunque en las instituciones europeas ya han empezado a cruzarse las espadas en algún ángulo concreto.

Pero por ahora, entre los técnicos de la Comisión todo el esfuerzo se concentra en intentar prever las consecuencias de la salida del Reino Unido en un campo que ya fue tan conflictivo para ese país que llevó a una de las crisis de «silla vacía» y que terminó en la cumbre de Fontenebleau en 1984, de la que la primera ministra Margaret Thatcher salió con el concepto del «cheque» británico. Esa distorsión hará aún más complicadas las negociaciones para discutir los aspectos financieros de la salida británica, un terreno extremadamente delicado a la vista de los primeros escarceos previos. Los expertos calculan que la reducción del presupuesto de la PAC atribuible al Brexit puede estar entre el 5 o el 10% de un presupuesto que para este año 2017 está en torno a los 43.000 millones de euros en ayudas directas. A cambio España aumentará aún su peso en el ámbito de las potencias agrícolas, aunque se disputará el segundo puesto con Alemania.

Pero, como se dice en la Comisión Europea, hasta el momento en que deje de serlo, el Reino Unido seguirá siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Es decir que hasta el 29 de marzo de 2019 los agricultores británicos seguirán percibiendo ayudas y los eurodiputados británicos podrán participar en los debates y las votaciones de la PAC y el ministro británico de Agricultura participará en los consejos. Y como este proceso no se ha producido nunca, nadie sabe cómo puede influir y hasta qué punto ciertos votos pueden ser decisivos para los asuntos más polémicos.

Por ejemplo, por ahora hay una discrepancia entre el Parlamento y el Consejo a la hora de definir la figura del «agricultor activo». En el Consejo la mayoría de los gobiernos quieren que se aplique una reglamentación más flexible para que cada país pueda aplicar su propio criterio a la hora de establecer requisitos para recibir ayudas a partir de 2018. La Comisión de Agricultura del Parlamento decidió la semana pasada que no aceptaría esa flexibilidad porque beneficiaría a aquellos propietarios de explotaciones y terrenos agrícolas que no los explotan realmente.

Reglamento Omnibus

De momento, este tipo de debates se dan en el proceso del llamado «Reglamento Omnibus» que es una ambiciosa propuesta de la Comisión para reducir la rigidez de toda la reglamentación europea y que se está discutiendo por sectores. Y en este caso, España no se opone a que esa definición sea más abierta, pero la ministra Isabel García Tejerina ya ha adelantado que el Gobierno tiene intención de mantener el actual criterio de «agricultor activo».

La cuestión es que esa discusión sobre la reforma de la PAC puede ser muy complicada. Se espera que la Comisión presentará su propuesta legislativa a principios de 2018 y a partir de allí cualquier retraso puede ser crucial. En un año debe discutirse entre los Gobiernos en el seno del Consejo de Ministros una propuesta que ha de tener tiempo para ser aprobada antes de que se cierre la legislatura en la primavera de 2019. Normalmente conforme se aproxima la fecha de la disolución del Parlamento Europeo se acumulan las iniciativas y se terminan los tiempos para los debates y las votaciones parlamentarias.

En esta recta final tan agónica, el Brexit va a introducir un elemento de complejidad que no dará tiempo para discutir sobre temas como la transformación hacia la agricultura biológica. Y si para mayo no ha habido un acuerdo entre Consejo y Parlamento, el proceso tiene muchas proabilidades de volver a la casilla de salida, con la llegada probablemente de un nuevo comisario, que sustituya al irlandés Phil Hogan.