La Audiencia Nacional imputa a Volkswagen por el fraude de los motores

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha aceptado la competencia para investigar a Volkswagen por el fraude de los motores trucados y ha imputado a la empresa alemana. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó esta investigación al apreciar tres delitos (estafa, fraude de subvenciones y delitos contra el medio ambiente) después de que varias asociaciones presentaran querellas. La compañía alemana de automóviles, como ha reconocido, manipuló los motores de vehículos para que detectaran cuando estaban siendo examinados y emitieran en ese momento menos emisiones contaminantes.

El magistrado ha señalado el próximo 10 de noviembre, a las 10:30 de la mañana, para que Volkswagen se persone en el proceso penal. La compañía, imputada como persona jurídica, deberá designar a una persona que la represente ante el juez, así como un abogado y un procurador.

El juez acepta llevar a cabo las actuaciones pedidas por la Fiscalía, quien pidió, entre otras cosas, que la compañía aporte la relación de vehículos afectados en España, porque son «pertinentes y necesarias» para esclarecer los hechos. También acepta la personación como acusación popular del sindicato Manos Limpias y de varias asociaciones que representan a perjudicados por el escándalo, que ha hundido la reputación de Volkswagen.

El juez, que hace suyos los argumentos del Ministerio Público, considera que la estafa de la compañía alemana causó un perjuicio económico «a una generalidad de personas en el ámbito territorial de más de una Audiencia»; es decir, en varias partes de España, donde fueron vendidos unos 600.000 coches de los que sufrieron la manipulación. Esta dimensión nacional es la razón que justifica que la Audiencia Nacional tenga competencia.

La compañía de automóviles engañó a los consumidores al hacerles creer que los vehículos que compraban eran más «verdes» de lo que eran en realidad. «En condiciones normales, estarían emitiendo gases contaminantes muy por encima de los límites permitidos (podrían superar en 40 veces dicho máximo), lo que les inhabilitaría para circular, con el consiguiente perjuicio para su titular», explicó la Fiscalía. Dicho trucaje, además, perjudicó a la calidad del aire y provocó un fraude contra el Estado al cobrar subvenciones por sus pocas emisiones.

El juez, quien fija una fianza de 5.000 euros a cada una de las acusaciones populares para aceptarlas en el proceso, explica que las diligencias solicitadas por la Fiscalía son «de absoluta trascendencia» para la investigación. El ministerio público pidió que el Ministerio de Industria aportara toda la información reunida sobre el caso, incluida el informen de la Agencia Medioambiental estadounidense (EPA), quien destapó el caso, y reclamó que Volkswagen aporte el organigrama de la firma en España, así como la identificación de la empresa que fabricó el programa informático que manipuló los motores.

Esta investigación se una a las que ya han abierto otros países como Francia o Alemania a una empresa que hace unos meses gozaba de la admiración del mundo entero. Corren malos vientos para la compañía, que en el tercer trimestre del año perdió más de 1.600 millones de euros. Ahora, tendrá que explicarse también ante la Justicia española.