Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en un acto de la precampaña para el 28 de abril
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en un acto de la precampaña para el 28 de abril - EP

Las asignaturas económicas del próximo Gobierno: Pensiones, deuda, reforma energética y el empleo

La convocatoria de las elecciones generales el próximo 28 de abril deja en el tintero muchas materias en política económica que estos ocho meses de sanchismo no ha logrado solucionar

MadridActualizado:

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  1. Pensiones: El «baby boom» más cerca y sin mecanismos de ajuste

    Es la reforma más ambiciosa y quizá la más importante a la que se enfrenta España. El Pacto de Toledo lleva casi dos años de trabajos y no ha logrado avanzar en una sola medida que permita aliviar el déficit que pesa sobre el sistema de pensiones, de 19.000 millones, y la carga de la deuda, que este año estará próxima a los 65.000 millones. En 2013, el Gobierno de Rajoy decidió, previa consulta a un grupo de expertos, tomar la iniciativa y afrontar una reforma en solitario. Puso en marcha un índice de revalorización que limitó al 0,25% las subidas de las nóminas mientras el sistema estuviera en crisis y diseñó un factor de sostenibilidad, que ligaba la cuantía de la pensión a la esperanza de vida y, por tanto, la recortaría.

    Dos medidas de contención del gasto desactivadas en 2018 por el acuerdo entre el PP y el PNV. Por ese pacto, las pensiones subieron igual que el IPC en 2018. Este ejercicio Sánchez ha hecho lo mismo y, además, compensará a los jubilados por la desviación de los precios. Las pensiones llevan dos años con subidas del 1,6% y del 3% las mínimas.

    El factor se ha pospuesto a 2023, año en el que comenzará a jubilarse la generación del «baby boom». Un «ejército» que comenzó a trabajar muy pronto y que cuenta, por tanto, con carreras de cotización largas. En 2042 se espera que el número de pensionistas llegue a 15 millones, frente a los 9,7 actuales.

  2. Energía: Una reforma para abaratar el coste eléctrico a la industria

    Los elevados precios de la luz suponen históricamente un fuerte coste energético para las empresas, principalmente para la industria, lo que hace perder competitividad al sector industrial español. Los cierres de plantas y despidos anunciados en los últimos meses por grandes compañías como Alcoa y Vestas han encendido las alarmas.

    El Gobierno de Sánchez, con el fin de parar estos ajustes empresariales, anunció medidas para reducir los costes energéticos a las empresas con mayor consumo eléctrico a cambio de mantener la actividad y el empleo durante cierto tiempo. La convocatoria de elecciones hará decaer previsiblemente esta reforma, por lo que el futuro Gobierno tendrá que volver a abordar el asunto de los costes energéticos, una reivindicación histórica de la industria y que está detrás del cierre de muchas fábricas.

  3. Fiscalidad: Reducir la deuda y potenciar el crecimiento económico

    Los economistas lamentan que España haya perdido un lustro de crecimiento económico y política monetaria favorable para reducir su nivel de deuda pública, todavía en torno al 97% del PIB, a niveles más sostenibles. Tanto el Gobierno del PP y el Ejecutivo del PSOE reconocían que esto era una tarea urgente a las puertas de una normalización de la política del BCE, pues un incremento de los tipos de interés encarecerá la factura que paga España en intereses por esa ingente cantidad de deuda acumulada. Más allá de los posibles ajustes de ingresos y gastos, una vía para reducirla es alcanzar un mayor crecimiento.

    En este sentido, los empresarios instan a adoptar medidas fiscales que favorezcan ese crecimiento y el empleo. Esa reforma pasa, según las empresas, no por elevar los tipos impositivos o crear nuevas figuras, sino por simplificar la fiscalidad y, por ejemplo, reducir las cargas para los empleadores, ampliar las bases imponibles del IRPF para equiparar los tipos marginales a la media europea y de la OCDE y suprimir algunas figuras.

  4. Empleo: Mayor flexibilidad y medidas para frenar la temporalidad

    ABC

    Pedro Sánchez repitió como un mantra que derogaría la reforma laboral, pero la debilidad parlamentaria le ha impedido hacerlo. El diálogo social tampoco ha dado frutos esperados; empresarios y sindicatos han sido incapaces de entenderse con el Gobierno y sacar adelante ni una sola medida que permita la modernización de las relaciones laborales que vuelven a reclamar las empresas en España y los organismos internacionales.

    Desde 2012 no se han producido cambios laborales. La reforma de aquel año llegó en un momento en el que la economía destruía empleos a ritmos superiores del 5% y con una tasa de paro por encima del 26%. España ganó competitividad gracias a las rebajas salariales y a las condiciones laborales más flexibles, dos pilares de aquella reforma que hoy, según los analistas, es necesario modernizar. Desde 2014 la economía crea empleo, pero más del 90% es temporal, lo que, unido a que los sueldos se resisten a subir, es una amenaza para las pensiones. Y la contratación sigue siendo farragosa para las empresas, que hoy pagan más impuestos al empleo.