El fin de la cuota láctea enfrenta a la industria y los ganaderos

Este miércoles comienza una nueva era para el sector lácteo en España. Es el primer día sin cuota comunitaria para la producción de leche, una limitación sobre la producción vigente desde 1984. Tras su ingreso en la UE en 1986, a España se le asignó un total de 4,5 millones de toneladas, cuando la demanda total del país era de alrededor de nueve millones. Exceder ese límite suponía multas económicas. En los siguientes años se fue ampliando la cuota, hasta los 6,5 millones de toneladas del año pasado. Pero ahora la única regla que guiará al sector será la de la oferta y la demanda.

Y ganaderos e industria perciben de muy distinto modo el escenario. Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), considera que el fin de las cuotas supone «acabar con una situación de discriminación».

«España entró en un sistema que no actuaba de forma restrictiva con los países del norte de Europa, que tenían un sector más desarrollado, y que les obligaba a colocar sus excedentes en mercados cautivos como España».

Para Calabozo la liberalización es una «oportunidad» para que el sector lácteo descubra «su verdadera potencialidad». Como ejemplo, menciona el incremento de la cuota de mercado en los últimos cinco años en 700.000 toneladas, un 12%. A su juicio, el sector tiene dos retos: adaptar sus modelos productivos para crear valor añadido y recuperar el mercado español, así como gestionar «una mayor volatibilidad, sin destruir producción ni infraestructuras industriales».

Sin embargo, el presidente del Sector Lácteo de Cooperativas Agro-Alimentarias de España, José Luis Antuña, manifiesta sus «dudas» sobre la liberalización por el «poco peso» de la actividad cooperativa en el sector (20%) frente a países como Irlanda (100%) o Francia (60%); unas medidas de protección «mejorables» de la UE o el poco desarrollo del «Paquete Lácteo», un real decreto que obliga a productores e industria a suscribir contratos.

«Condiciones leoninas»

«Ley de la selva» o «condiciones leoninas» son los términos que utilizan las organizaciones de ganaderos como COAG o Asaja para una liberalización que consideran que deja al productor a los pies de la patronal: «Antes teníamos una concesión que controlaba la administración, ahora se le da total libertad a la industria para determinar precios», afirma Gaspar Anabitarte responsable del sector lácteo de COAG. Denuncia que se están presentando contratos a los ganaderos a precios que rondan los 0,26-0,29 euros/litro, cuando los costes de producción son de 0,35 euros. Todo ello, según Anabitarte, cuando el ganadero español «no produce en base a los pastos naturales, sino que depende del maíz de Estados Unidos o de los precios de la energía».