Vidal fue destituido por su manera de tramitar expedientes

Más de setenta personas abarrotaban un salón de Plenos con ganas de saber qué ha pasado en su pueblo, más allá de rumores y noticias aparecidas en prensa. De fondo sones de Semana Santa que auguran del tiempo que se nos aproxima, ya que la banda de música ensayaba junto al Ayuntamiento, y que ayudaban a mantener aún más la tensión que se mascaba en la sala. Y no era para menos, ya que el edil de Izquierda Alternativa Bosqueña, Gaspar Corbacho, daba a conocer que con la urgencia del Pleno había tenido que «indultar a dos chivos que mataba hoy».

Al margen de estas cuestiones ganaderas, la alcaldesa, Inma Gil (PP), comenzó pidiendo a los presentes que no se convirtiera la sesión en ningún linchamiento personal contra nadie. La regidora mostró que su decisión de destituir al concejal de Urbanismo, Salvador Vidal, vino propiciada por la gestión que se llevó a cabo con ocho expedientes, de cuatro vecinos de la localidad, que «a pesar de que había informes preceptivos del Ayuntamiento y del Servicio de Atención Municipal de Diputación, se había pedido un informe externo a mis espaldas que curiosamente concluyó lo contrario de lo que decían los informes preceptivos», añadiendo que «yo no voy a aprobar ningún expediente que cuente con informes desfavorable».

Ambos, Gil y Vidal, reconocieron la falta de confianza que se ha producido entre ambos y la alcaldesa destacó que «no ha pasado nada porque se ha actuado a tiempo pero no iba a hacerme responsable de tomar decisiones dando la espalda a informes preceptivos». La alcaldesa incluso destacó que uno de los ocho informes «estaba firmado como ingeniero por el propio Vidal» y recordó que todos eran «asuntos que estaban cerrados y resueltos». Él negó que hubiera nada raro, destacando que «hice ese proyecto antes de ser concejal y nada tiene que ver con mis decisiones».

El exconcejal de Urbanismo destacó que «no he pedido informes externos positivos para salvar ningún expediente, sino que buscaba una opinión para fundamentar más mis decisiones». Además, asegura que los problemas han llegado a raíz de que «propuse una rebaja del sueldo de los concejales y optimizar recursos, externalizando un servicio de asesoramiento urbanístico que nos cuesta 37.000 euros al año cuando solo se ingresan 6.800 euros por licencia de obras». Vidal añadió que con la petición de un informe externo, que costaba 800 euros, pretendía «evitar que el Ayuntamiento pudiera verse metido en problemas que podrían costar hasta 100.000 euros en indemnizaciones». Tanto la alcaldesa como su socio de Gobierno defendieron la labor del técnico que «saca muchas cuestiones adelante y su trabajo no solo se limita a las cuestiones por las que se cobra».

«Equipo roto»

La edil Verónica Trujillano, una de las que ha abandonado el PP, reconoció que «el matrimonio se ha roto y no hemos sido capaces de lavar los trapos sucios en casa pero ha sido una decisión difícil pero premeditada». Además, reconoció que ha habido muchas crisis pero «el equipo se ha roto, nosotros siempre tenemos discrepancias con la misma persona, la alcaldesa, y no podíamos seguir adelante cuando se retiraron las competencias a mi compañero de manera injusta».

Por último, la alcaldesa cerró la sesión con una intervención en la que recalcó que su decisión de revocar las competencias de Urbanismo se produjeron porque «se había iniciado un camino que no me gustaba y yo no estaba dispuesta a hacerme cargo de la responsabilidad de aprobar proyectos informados negativamente». Tanto ella como el portavoz del PA recordaron que para la contratación del asesor externo, Vidal «mandó un correo al secretario general dando orden de la contratación menor, argumentando que era para resolver varios expedientes».