El PP lleva al alcalde al juzgado por las «mentiras» del caso Loreto

Del informe al contrainforme. El caso del agua de Loreto ha terminado finalmente en los juzgados por partida doble. El nuevo equipo de Gobierno decidió el pasado 9 de marzo poner en manos de la Fiscalía un estudio elaborado por dos técnicos de Aguas de Cádiz que reflejaba en sus conclusiones como los análisis efectuados en el barrio dieron positivo en cuanto a presencia de bacterias. Tanto el alcalde de Cádiz, José María González, como el concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, se han agarrado al citado informe para arrojar una espesa sombra de dudas sobre la gestión que llevó a cabo en octubre de 2014 el gobierno de Teófila Martínez durante la crisis del agua en Loreto.

El PP tachó de «miserable» al actual alcalde por la acusación vertida y su portavoz, Ignacio Romaní, anunció que tomaría medidas legales.

El Grupo Municipal del PP ha devuelto el revés y ha presentado en el juzgado una denuncia contra el alcalde, José María González, el concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete, José Vicente Barcia, por injurias. Los populares apoyan su tesis en los informes oficiales que realizaron los técnicos de Aguas de Cádiz, así como los estudios que efectuó la Consejería de Salud. En ninguno de ellos se expresa negligencia y menos aún que se pusiera en riesgo la salud de los vecinos.

Cabe recordar que la documentación presentada por el alcalde y su edil a la Fiscalía solo ha servido, de momento, para abrir un expediente informativo a la espera de nuevos documentos que lleven hacia una actuación penal.

La justicia tiene por un lado la denuncia del equipo de Gobierno contra la gestión del PP en el conflicto del agua y, por otro, la querella del PP contra el alcalde por «mentiras» sobre este asunto. De esta forma, el alcalde, José María González, suma así, su primera denuncia en nueve meses de gestión al frente del Consistorio gaditano.

La reacción de los populares, una vez que se ha recabado la información técnica y oficial del caso Loreto, no se ha hecho esperar. El PP en el Ayuntamiento de Cádiz, a través de su portavoz, Ignacio Romaní, ha pedido la dimisión del alcalde, José María González, de ‘Por Cádiz Sí se Puede’ (PCSSP), el concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza (PCSSP), y del jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por «mentir, injuriar, calumniar e imputarnos un delito de intento de envenenamiento» con respecto al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto en 2014.

Romaní explicó ayer que la Comisión Informativa de Sostenibilidad ha recibido un informe «suscrito por el anterior gerente y el anterior director técnico de Aguas de Cádiz que sí habían trabajado en la zanja durante el corte de agua en Loreto, al contrario de las tres personas que firmaron el informe que mostró parcialmente González Santos».

El portavoz del PP, tras recordar que han sido acusados de «suministrar agua contaminada a Loreto durante días a sabiendas», indicó que el informe dice que según «la Autoridad Sanitaria el impacto epidemiológico del incidente fue nulo», además de que «difícilmente se puede entender que se hubiere suministrado agua no apta para el consumo».

Así, tras explicar los distintos análisis que se realizaron durante los días del incidente en el barrio de Loreto y acusar al actual equipo de Gobierno de «ocultar» esos análisis, que el alcalde diga que «dieron agua contaminada a sabiendas» ha sido calificado por Romaní como «la acusación más grave que se ha hecho en esta ciudad en muchos años».

«Dar agua contaminada a sabiendas a una población de 13.000 personas es un intento de envenenamiento, y de eso nos acusa González Santos, su asesor y González Bauza», ha afirmado el portavoz del PP, que ha anunciado que el nuevo informe, «suscrito por el anterior gerente y el anterior director técnico de Aguas de Cádiz que sí habían trabajado en la zanja durante el corte de agua en Loreto», lo presentarán también en la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

Odio y rencor

A juicio de Romaní, el alcalde «no les encargó el informe -a quienes trabajaron allí-, porque sabía perfectamente que los técnicos no se iban a prestar a este tipo de juegos orquestados desde el odio, el rencor y la miseria política». «Se le escapaba de las manos la única baza que tenían para volver a lincharnos en la plaza pública», manifestó.

El portavoz del PP incidió en que «cuando alguien acusa de un delito falso a otro, ocultando información, comete un delito de acusación falsa, y cuando el delito falso que se imputa es tan grave como el de intento de envenenamiento, esa acusación falsa también se agrava».

Además, para el PP, «cuando el que lo hace es alcalde de una ciudad, esa acusación falsa tiene que tener consecuencias políticas que deben corresponderse a la gravedad de la acusación».

Por ello, ha pedido «la dimisión de un alcalde que ha mentido, nos ha imputado un delito de intento de envenenamiento y se ha reiterado en esa acusación a través de su teniente de alcalde de Medio Ambiente, a sabiendas de que los políticos no habían participado en esas decisiones de tipo técnico previas al corte de agua».

Además, tras señalar que esta petición de dimisión no es «ninguna teoría de la conspiración ni ninguna posibilidad de operación distinta a una petición formal e irrenunciable de dimisión de alguien que ha mentido de la manera más ruin y grave que pueda hacerlo un cargo público». Romaní confirmó a LAVOZ que ha presentado una denuncia en el juzgado contra el alcalde, José María González, el edil de Medio Ambiente, González Bauza, y el jefe del Gabinete de Alcaldía.