TRIBUNALES

Hernán Díaz admite que blanqueó dinero y se libra de ir a la cárcel

La Fiscalía solicitaba 4 años de prisión para el exalcalde de El Puerto pero ha llegado a un pacto que ha dejado su pena en un año, que ha sido suspendida, y una multa de 16.200 euros

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El que fuera alcalde de El Puerto durante 16 años, Hernán Díaz Cortés, ha evitado la posibilidad de ir a la cárcel después de que haya llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que le pedía cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales. El juicio por el 'caso blanqueo' se celebraba la semana próxima pero finalmente tras aceptar los investigados su culpabilidad sobre los hechos no se celebrará.

En concreto, el exalcalde de IP asume un año de cárcel y 16.200 euros de multa, una rebaja bastante considerable sobre lo que el Ministerio Público le pedía en un primer momento: cuatro años de cárcel y 200.000 euros. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial también ha acordado la suspensión de esa condena por el período de tres años, siempre que pague la multa que se le ha impuesto.

Además de Hernán Díaz en esta causa se sentaba en el banquillo de los acusados miembros de su familia, el arquitecto municipal de la época de los hechos y su pareja, y el exconcejal de Urbanismo. Todos han eludido asumiendo también el blanqueo su entrada en prisión.

El que se enfrentaba a la pena más alta era el hijo de Hernán Díaz. Sus cinco años de cárcel se han quedado finalmente en uno y la multa de 360.000 euros a 48.000, según confirman fuentes del TSJA. En el caso del exedil de IU y el exarquitecto municipal, Fernando Jiménez Fornell, han sido condenados a un año de prisión, también suspendido, y multas de 20.500 y 35.000 euros, respectivamente. La mujer de Hernán Díaz ha sido condenada a seis meses de prisión, su nuera a una sanción de 8.000 euros y la pareja de Jiménez Fornell a un año de cárcel y a la misma multa que el exarquitecto.

Tras el acuerdo alcanzado entre las partes, la sentencia se comunicó este jueves a los imputados 'in voce' y es firme.

El caso

A pesar de que ya son varias las condenas que suma el exalcalde portuense como algunas referidas a licencias irregulares o la que le llevó de enchufismo a la inhabilitación y a soltar el bastón de mando, esta era la primera causa en la que se enfrentaba a una pena de prisión ya que todas las anteriores se referían a prevaricaciones.

La investigación de este caso tiene su origen judicial en otros procedimientos abiertos contra él, Rodríguez y Jiménez Fornell. A consecuencia de la apertura de estas causas y de que ya se había sentencias condenatorias, funcionarios expertos del Cuerpo Nacional de Policía de la UDYCO de Málaga y de la Agencia Tributaria realizaron diversas investigaciones sobre el patrimonio y actividades económicas y mercantiles de estos acusados y sus familiares más directos para saber si, además de esos delitos que se estaban investigando y por los que habían sido condenados, se podía haber cometido uno o varios delitos de receptación o blanqueo de capitales a fin de ocultar las posibles ganancias y beneficios obtenidos, presuntamente, de manera ilícita con la comisión de los citados hechos delictivos.

Así, gracias a estas pesquisas la acusación fiscal sostiene que se detectó que todos los acusados tenían unos ingresos en cuentas corrientes, generalmente en efectivo, y un patrimonio que no se correspondían con los ingresos lícitos procedentes de sus trabajos y profesiones habituales, disponiendo todos ellos de una capacidad económica y de un patrimonio muy superior al que teóricamente deberían tener a tenor de sus ingresos declarados a la Hacienda Pública y lícitos.

Ingresos y patrimonio, dudosos

Según refleja el escrito de acusación, las investigaciones acreditan que de 2000 a 2009 tanto el matrimonio de Hernán Díaz y Mercedes Cantos como el de su hijo y nuera tuvieron unos ingresos y aumentos en sus patrimonios que no se corresponden con los sueldos, ganancias o emolumentos que tenían con sus trabajos u operaciones mercantiles.

Por lo que se refiere al exalcalde y su esposa, los funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron que en el año 2000 incrementaron sus cuentas con 99.097, 81 euros que no justicaron. Y además que en 2000 y 2001 hicieron frente a sus gastos cotidianos sin apenas retirar dinero en efectivo ni utilizar sus tarjetas de crédito. En el año 2006 se aprecia un aumento neto en los saldos de los productos bancarios por un importe tal que supone que los investigados, habrían ahorrado un 66% de los ingresos totales del matrimonio, según la Fiscalía. Además les llama también la atención que en 2007 el acusado Hernán Díaz, ya pensionista, incrementara su gasto debido a un los registros de su uso de tarjetas bancarias y las retiradas en efectivo. En este año también, en marzo, compra un Ford Mondeo, sin que se encuentren movimientos de cargo que puedan corresponder a esta compra.

Por parte de su mujer, se detecta que suscribe participaciones de la sociedad Embotelladores, Manipuladores y Comercializadores 3, S.L por importe de 56.750 euros «por compensación de créditos» sin que se sepa el origen de estas cantidades ya que a la ahora procesada no le constan datos laborales. Estas participaciones, continúa el Ministerio Público, las vende por un valor nominal de 91.975, realizando después diversas transferencias en beneficio de sus hijos, entre ellos, Hernán Díaz Cantos, quien está acusado.

Las transferencias a sus hijos

En definitiva, se comprobó un desequilibrio entre los gastos abonados con cargo a las cuentas corrientes (donde se abonan los ingresos legalmente declarados) y los gastos que realmente tiene una economía familiar, especialmente en los años 2000, 2004 y 2005 y se localizó una desviación de su patrimonio hacia sus hijos a través de diversos movimientos bancarios, principalmente hacia el varón, por lo que el fiscal cree que éste ayudó a su padre abonando en sus cuentas corrientes el dinero que este último habría recibido de forma supuestamente irregular.

En cuanto al matrimonio formado por el hijo de Hernán Díaz y su esposa durante el período investigado las pesquisas detectaron que realizaron diversas operaciones mercantiles llamativas porque no se pudieron justificar con el capital que tenían declarado. Fiscalía sostiene que analizando los ingresos y gastos de sus cuentas corrientes se detecta que prácticamente todos los años hay ingresos en efectivo o en cheques que no están justificados por su trabajo o actividades mercantiles declaradas.

Por lo que se refiere al exedil de Urbanismo, justo después de su actividad política en el año 2008 abrió en la calle Larga Extreme, una tienda de ropa. Desde ese año hasta 2011, la investigación detectó que el imputado habíaingresado en las cuentas corrientes de dicha sociedad un total de 44.274, 40 euros que no tenían su origen en la tienda y tampoco proceden de las cuentas personales del acusado. Como se recordará cuando saltó la llamada operación Tequila, por la que se investiga una supuesta trama de concesión de licencias irregulares, la Policía registró dicha tienda y se llevó material informático de ella.

En relación a los otros dos acusados, el arquitecto municipal y su pareja, los investigadores sostienen que tenían un patrimonio que no se correspondía con sus ingresos justificados y que excedían notablemente de los sueldos legales que recibían por su trabajo como funcionarios públicos. En concreto, en el año 2004 hay unos ingresos en efectivo en las cuentas bancarias por importe total de 18.000 euros cuyo origen se desconoce o que en 2005 supuestamente lograron ahorrar un 92% de lo que legalmente habían ingresado. En 2006 también llegaron a ahorrar el 61% de sus ingresos declarados, según la acusación.