SENTENCIA CASO ERE DE ANDALUCÍA
Del consejero jerezano que se dio una paga a sí mismo a la mediadora de Delphi, el «pufo» gaditano de los ERE
La imputación de Manuel Chaves y Antonio Fernández o la investigación de empresas como Uniter, que participó en el escándalo de las ayudas de la extinta factoría puertorrealeña, claves en el 'caso de los ERE', cuya sentencia de la pieza política se conoce este martes
rLa sentencia del caso ERE en Andalucía | En directo
El mayor escándalo financiero conocido en España sobre el supuesto saqueo millonario de las arcas públicas andaluzas conocerá hoy en Sevilla buena parte de sus respuestas, las que corresponden a la denominada como 'pieza política' de la causa . Nueve años de instrucción, miles de líneas escritas –altavoz fundamental para el recorrido de esta importante denuncia–, y todo un oscuro entramado que terminó poniendo contra las cuerdas al histórico y compacto PSOE de Andalucía.
Y en este engorroso camino judicial, desenredando la madeja, los investigadores descubrieron que de la provincia de Cádiz pudieron salir algunos de sus máximos implicados, empresas que hicieron de enlace para este presunto engaño, y cientos de ayudas y subvenciones que, supuestamente, sirvieron de tapadera para tejer la malversación de 855 millones de euros que presuntamente robaron a todos los andaluces.
En cuanto a los protagonistas. De los directamente señalados por su supuesta responsabilidad en esta macrocausa destacan dos nombres gaditanos de entre los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía que están imputados: Manuel Chaves y Antonio Fernández .
Respecto al primero, ha sido el presidente de la Junta más longevo, nada menos que 19 años (de 1990 a 2009). Aunque nació en Ceuta, su vínculo con la provincia de Cádiz ha sido muy fuerte ya que en su infancia se trasladó junto a su familia a vivir a tierras gaditanas. Fue aquí donde tuvo sus primeros contactos con la política y un incipiente socialismo debido a su buena relación con el conocido 'clan de Alcalá' de Perales y Pizarro. Juntos iniciaron el rumbo de una vida profesional dedicada por entero a la política (aunque es licenciado en Derecho). Fue diputado por Cádiz desde 1977 hasta 1990, año que tomó las riendas de la comunidad. Pues bien, en el caso de los ERE, Manuel Chaves se enfrenta a una condena de diez años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación.
La principal acusación que la Fiscalía Anticorrupción sostiene contra el exmandatario socialista es que, debido a su cargo, debía conocer qué se hacía con el dinero para Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que, presuntamente, malversó parte de su equipo de Gobierno. Durante el juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla, Chaves negó la mayor. «Cómo se daban esas ayudas, yo no lo sabía, ahí no entraba, pertenecía a otro ámbito político de decisión», afirmó ante el tribunal. Sin embargo, para el fiscal es «poco entendible que decisiones de calado y trascendencia política sean absolutamente desconocidas por el presidente de todos los andaluces y sus consejeros».
Manuel Chaves llegó a admitir que sí sabía que durante su mandato se estuvieron dando ayudas «sociolaborales» pero aseguró que desconocía por completo cómo se gestionaban. La Fiscalía no cree esta versión ya que entiende que como presidente de todos los andaluces no tenía sentido que no participara en decisiones de este calado donde se manejaban tantos millones y miles de euros.
Fernández y su 'autoERE'
Otro de los grandes nombres que se han sentado en el banquillo de este escándalo financiero ha sido el del jerezano Antonio Fernández, quien fuera consejero de Empleo de 2004 a 2010 , por tanto, pieza fundamental de esta supuesta trama. Antes había sido presidente de IFA y viceconsejero de Empleo desde los años 90 hasta 2004. La Fiscalía pide para él ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. De esta causa se lleva ya el deshonroso mérito de haber sido el primer consejero de un gobierno andaluz que pisa una prisión ya que cuando fue detenido ingresó de manera preventiva. Además también está imputado en el caso Mercasevilla.
Fernández es uno de los principales procesados y su supuesto 'modus operandi' explicaría como se las entendían estos presuntos estafadores. La investigación sostiene que el jerezano no solo fue un «repatidor» de ayudas del fondo de reptiles entre empresarios y socialistas amigos, sino que, además, se incluyó a sí mismo en un ERE. El de la bodega González Byass , donde había trabajado hasta 1981 cuando pidió una excedencia y comenzó su ascenso de cargo en cargo político.
Esta línea de ayudas, que se suponía que se destinaba a prejubilados de más de 57 años y a empresas con serias dificultades, la vio apta para la bodega cuando estaba al mando de la consejería de Empleo, 30 años después de haber salido de la empresa. Les otorgó 19,7 millones de euros y, a él mismo, en su ERE 'personalizado', llegó a poner que había empezado a trabajar en la firma el mismo día que nació . Así, sumando años, se autoasignó el cobro de 386.000 euros. Finalmente el caso estalló y no pudo empezar a recibir la generosa paga. Sin embargo, esta ‘autoayuda’ fue clave para que Fernández se pusiera en el centro de la diana de la UCO.
Las ¿ayudas? a Delphi
La Fiscalía asegura que firmó con el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, el convenio que dio lugar a las ayudas fraudulentas. Éstas se gestionaban a través de mediadoras. Y he aquí otro de los supuestos pufos de Fernández: el sospechoso cambio de aseguradoras . La Junta siempre había trabajado con Vitalia, pero el exconsejero quiso contratar los ERE de todas las empresas de Cádiz con Uniter, una sociedad de su paisano José González Mata, ubicada en Jerez.
La Guardia Civil los definió como «compadres», aunque ellos lo negaron. Sin embargo, les llamó la atención que con esta misma mediadora se tramitaron la mayoría de los expedientes de la zona, que, curiosamente, beneficiaron claramente al sector bodeguero –William & Humbert, Marco de Jerez, Complejo Bodeguero Bellavista, Garvey, Barbadillo…– y, otro gran reclamo: Delphi . Según la juez Mercedes Alaya, este entramado generó unas sobrecomisiones de más de 13 millones de euros, ya que se quedaban con más del 20 por ciento del coste final de las pólizas.
Durante el juicio, Fernández negó también todo asegurando que no tenía tiempo y que era innecesario que él mismo vigilara esos asuntos.
Otro de los procesados que este martes estará a bien seguro muy pendiente del fallo será el chiclanero Agustín Barberá , que fue delegado provincial de Empleo en Cádiz de 1994 al 2004 y viceconsejero del 2004 al 2010.Se enfrenta a ocho años de cárcel por prevaricación y malversación. Está acusado de «impulsar» el procedimiento de ayudas fraudulentas desde su cargo, por lo que le piden ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación. Negó ante el juez la existencia de un fondo de reptiles para el pago de estas ayudas, idea por supuesto contraria a la tesis que mantiene la Fiscalía.
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