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La Junta insta a Facua a que desaloje su local para ejecutar obras de seguridad
El Gobierno andaluz pretende regularizar también la situación de esta entidad en el edificio ya que no existe convenio ni contrato alguno
La Junta de Andalucía ha instado a la Asociación de Consumidores y Usuarios de Cádiz ( Facua ), con sede en el edificio situado en la Avenida Guadalete y propiedad de la administración autonómica, a que abandonen el local de forma voluntaria ante la necesidad de llevar a cabo obras de seguridad .
Esta petición de desalojo ha sido rehusada por parte de la entidad , según confirmaron fuentes del Gobierno andaluz.
La situación se remonta años atrás ya que este local fue cedido en precario en el año 1984 por parte del Gobierno andaluz, en concreto por la entonces llamada delegación provincial de Trabajo y Seguridad Social, a la Federación Local de Asociaciones de Vecinos denominada Cadice .
Años más tarde, según fuentes de la Junta de Andalucía, pasó a utilizarse por parte de Facua aunque no existe ningún convenio ni acuerdo por escrito al respecto .
En julio del año 2015 , desde la delegación municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz se notificó la iniciación de un expediente de orden de ejecución de obras de seguridad en la totalidad de la finca.
Las obras requeridas consistirían en la revisión completa de las cuatro fachadas del edificio por parte de un técnico, eliminando cualquier elemento susceptible de caída a la vía pública.
Por otro lado, se solicitó la reparación de los elementos de hormigón afectados por oxidación de armaduras, mediante picado del revestimiento, limpieza del óxido, pasivado de armaduras y reconstrucción del volumen, según consta en el escrito de urbanismo.
Todo ello bajo la supervisión de un técnico, que tendría que presentar a la delegación el certificado de las actuaciones realizadas .
Por último, se pedía el pintado de las cuatro fachadas para dejarlas en estado de ornato.
Requerimiento de la Inspección de Trabajo
Entonces se solicitó que los trabajos se llevaran a cabo en el plazo de dos meses y se ejecutaran en tres, adoptando por supuesto las medidas de seguridad de la finca.
Según confirma el gobierno de la Junta de Andalucía actual, al no haberse ejecutado las obras por el anterior, es necesario llevarlas a cabo ya que existe también una instancia por parte de la Inspección de Trabajo con fecha de 2017 para que se procediera de manera inmediata a la «intervención integral de la cubierta y de los lugares con un nivel de daño alto» con el fin de que se aseguraran unos niveles de protección adecuados para los trabajadores que allí prestan sus servicios.
Desde la Junta se está estudiando ofrecer alguna solución alternativa para esta entidad aunque la prioridad es que desalojen voluntariamente el local.
Asimismo se pretende regularizar la situación de Facua mediante la firma de un convenio o acuerdo que hasta ahora no existe.
