Cádiz

La Junta General de Cádiz 2012 abordará este viernes su disolución

La empresa arroja tres años en números rojos

Sede de Cádiz 2012

LA VOZ

La Junta General de la Sociedad Municipal Cádiz 2012 abordará este viernes la disolución de la misma tras arrojar pérdidas en los tres últimos ejercicios . La Ley de Sociedades de Capital obliga a liquidar la empresa por la sucesión de varios años en números rojos y la de Estabilidad Financiera impide expresamente que el Ayuntamiento pueda aportar capital para sanear la sociedad, por lo que el Equipo de Gobierno se ve obligado a «hacer cumplir la normativa y proponer a la Junta General la disolución de Cádiz 2012».

Así, las cuentas de Cádiz 2012 correspondientes al ejercicio del año 2015 arrojaron unas pérdidas superiores a los 217.000 euros ; el ejercicio 2016 computó unos números rojos por valor de más de 214.000 euros y el año 2018 el resultado negativo de las cuentas (aprobadas el 15 de junio) ascendió a más de 150.000 euros . La Ley de Sociedades de Capital establece un plazo de dos meses desde la aprobación de estas cuentas para que adopte el acuerdo de disolución en Junta General. Además, en el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Cadiz, la Intervención alertaba de la necesidad de la eliminación de la Sociedad Cádiz 2012, algo que hasta ahora no se había planteado y que abordará el viernes la Junta General, que se celebrará antes del Pleno Ordinario del mes de junio.

Desde el Equipo de Gobierno se recuerda que Cádiz 2012 se creó «originalmente para gestionar los mini fastos del frustante Bicentenario», pero posteriormente, cuando se modificó la normativa «el entonces equipo de Gobierno del PP, mediante una argucia, mantuvo esta sociedad cambiando su objeto social y posteriormente la siguió manteniendo pese a que ya daba pérdidas». Así, los responsables municipales señalan que « esta empresa tenía como fin la gestión del Bicentenario y una vez acabado debería haber cerrado, pero el PP se inventó una puerta de atrás que no tiene ningún sentido, modificando los estatutos para ‘gestionar el legado del Bicentenario’. Unas labores que pueden hacer perfectamente desde el Ayuntamiento con la racionalización de los recursos públicos que ello conllevaría».

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