El Gobierno propone sancionar a Kichi por el incidente con la Policía en el estadio

El partido que el Cádiz jugó contra el Racing de Ferrol la pasada temporada puede salirle al alcalde gaditano bastante caro. Concretamente, por 1.500 euros. Esa es la multa que, como ya adelantó LA VOZ, la Comisión Antiviolencia ha propuesto que pague José María González por hacer que entrara de nuevo en Carranza un aficionado que había sido expulsado previamente por la Policía.

Casi tres meses después de que esa propuesta de sanción se elevara a la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, este miércoles la Subdelegación del Gobierno de Cádiz confirmaba que ha iniciado la instrucción de apertura del procedimiento sancionador, durante cuya tramitación «se dilucidarán los hechos, su posible tipificación como infracción y, en su caso, la sanción que correspondiera», que según el reglamento está ‘tasada’ en los mencionados 1.500 euros.

Sin embargo, finalmente, la propuesta de sanción inicial de prohibirle entrar en un recinto deportivo durante tres meses no se ha propuesto dado que, a pesar de que las sanciones son supuestamente a título particular, la Comisión sí parece que ha tenido en cuenta que González es una autoridad pública y dicha medida podría impedir el desarrollo normal de su trabajo como representante municipal en actos públicos, inauguraciones, etc.

Ahora, una vez iniciado el trámite, el regidor gaditano puede presentar las alegaciones que considere oportunas para su valoración por el instructor. E incluso, si dichas alegaciones no se admitieran, cabe un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior.

La pelea y el DNI

El altercado que podrían derivar en esta sanción se produjo el pasado 21 de mayo, en el primer partido del play-off de ascenso del equipo amarillo. Durante el citado encuentro, agentes de la Policía Nacional se encontraban realizando labores de vigilancia en la esquina del Fondo Sur con Preferencia, cuando comenzó una pelea en la zona central donde se sitúan los Brigadas Amarillas.

Entonces, los policías, mientras que esperaban las instrucciones de sus superiores, empezaron a recibir graves insultos de un aficionado, un joven de 23 años, que se encontraba en la última fila. Al parecer no cejaba en sus descalificaciones por lo que le pidieron que saliera de su asiento y les mostrara el DNI, a lo que, según las fuentes consultadas, se opuso continuando con los insultos, lo que provocó que los espectadores de alrededor comenzaran a abuchear a los agentes. Tras insistir éstos, consiguieron que el aficionado saliera de su sitio y del estadio y le indicaron que iba a ser propuesto para incoarle un expediente sancionador por lo sucedido.

Continuó el partido y a los diez minutos el alcalde de Cádiz, que se encontraba como un aficionado más en la grada que suele ocupar, salió a buscar al expulsado que ya estaba en la zona exterior del estadio y había sido identificado por la Policía. Entonces, sin apenas pararse entró con él a pesar de que el vigilante de seguridad le advirtió que había sido expulsado por la Policía y no podía volver a entrar. Según los testimonios recogidos, González exigió al guarda que les dejara pasar o que si no, «se atuviera a las consecuencias».

El «responsable»

Cuando se disponía a enfilar la entrada al recinto, volvió a ser interceptado en su camino. Esta vez por los policías nacionales encargados de la custodia de la zona de acceso. Los agentes volvieron a comunicarle al regidor que el joven había sido propuesto para sanción por su actitud y que no podía volver a entrar según indica la Ley del Deporte ( Ley 19/2007 de 11 de julio). Pero, según los mismos testimonios, casi ni se paró afirmando «con desprecio» que él mismo se hacía «responsable» del expulsado.

Aún así los policías, ateniéndose a lo que indica el reglamento, le repitieron que esa persona no podía continuar viendo el partido dentro del recinto como indica la normativa. Sin embargo, y como se tuvo en cuenta a la hora de seguir tramitando el expediente, José María González persistió en su idea y exigió a los agentes con «prepotencia» que quería hablar con sus superiores. Como se recordará, esta actitud que mantuvo presuntamente el alcalde fue duramente criticada por la Unión Federal de la Policía (UFP) que tildó su comportamiento de «chulesco».

A pesar de todos los apercibimientos, Kichi llegó finalmente a los superiores. El jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana al mando y el coordinador de seguridad, que se encontraban en el recinto y tras ello y, debido nuevamente a que sus requerimientos «no eran oportunos», tuvo que volver a acompañar al aficionado expulsado a la puerta de salida.

Este episodio fue incluido en el informe que redactó el coordinador de seguridad tras el encuentro y que se envía después de cada partido a la Comisión Antiviolencia, que es el órgano competente de valorar lo ocurrido y proponer para sanción los casos de incidencias. Como establece el reglamento, a pesar de que un alcalde sea una autoridad pública, es el coordinador de seguridad el único responsable de las tareas de dirección y organización de los servicios de seguridad en la celebración de los espectáculos deportivos. Sus funciones y régimen de designación y cese se determinan por ley y sólo un árbitro puede darle alguna consigna si lo estimara oportuno en caso, por ejemplo, de que entienda que hay que suspender el encuentro por cualquier anomalía o incidente que se produzca.

La versión municipal que se conoce hasta el momento es la que se facilitó cuando este periódico publicó el incidente a principios de junio. Según aseguraron entonces, el alcalde solo «decidió aclarar lo ocurrido» y para hacerlo «pidió que el joven y el agente lo aclararan en persona». Desde el Consistorio indicaron que «en ningún momento» pretendió hacerlo regresar, «solo evitar males mayores dado lo caldeado que estaba el ambiente en la grada»..