El caso del pescado se politiza

Es fácil condenar leyes y actuaciones cuando se está en la oposición, megáfono en mano, junto al lado débil de la cuerda. Pero si el gritador pasa a ser responsable institucional puede verse obligado a dar curso a las mismas normas que condenaba a voces. El propio alcalde, José María González, ha llegado a lamentar esta contradicción en alguna entrevista. Se sabe esclavo de sus palabras. Es la condena de los que guardaron poco silencio. Ya se ha visto en contradicciones cuando el gobierno local que dirige ha tenido que aplicar la reforma laboral o se ha visto impotente ante los desahucios. Ahora, el abismo entre palabra y obra, entre la teoría y el ejemplo tiene una nueva entrega.

El caso comienza cuando la Subdelegación del Gobierno abre un expediente sancionador contra un vecino de Cádiz. Le acusa de haber difundido un vídeo que compromete a la Policía Local. En las imágenes, que alcanzaron mucha notoriedad en las redes sociales, se ve a cuatro agentes que intervienen la mercancía de un vendedor ambulante de pescado (que acaba en el suelo) y, en teoría, le multan. El vendedor les ruega, les habla de su necesidad y les censura, le recuerda que es su único medio de vida, y les reprocha. Hasta les insulta. Los policías le insisten en que aplican la norma en un entorno hostil que les afea que actúen contra un pobre joven cuando, les gritan, «hacen la vista gorda» en otras ocasiones.

El vídeo se convirtió en uno de tantos símbolos del ciudadano estafado e indignado, sin salida, que se busca la vida contra la impasible administración que le acorrala. Al improvisado reportero, o divulgador del reportaje improvisado, llamado José Manuel Rodríguez Molina, le han notificado una multa de 601 euros por «grabar, publicar y comentar» ese vídeo. El acusado lo niega, asegura que se limitó a recibir y redifundir imágenes tomadas por otros. «Se me ocurrió compartirlo, me pareció una injusticia, además, ya lo había visto en distintos medios», reitera. La sanción puede alcanzar hasta los 30.000 euros de multa, aunque probablemente se quede en 300 si resuelve el conflicto rápidamente.

«Fue a petición del intendente»

Al margen de las consecuencias personales para el afectado, el caso tiene una vertiente política. El alcalde gaditano, José María González, se mostró el martes indignado con esta posible multa. Tras negar que la Jefatura de la Policía Local o el propio Ayuntamiento estuvieran tras el caso, mostraba su «total rechazo a la ‘ley mordaza’ así como a sus subterfugios». El regidor, y el concejal David Navarro, achacan la sanción por el vídeo a unos cuantos agentes que usan «su derecho» a denunciar tras ser grabados y quedar expuesta su imagen en un medio público.

Esta versión, sin embargo, fue negada ayer por el subdelegado del Gobierno en Cádiz. Javier de Torre afirma que el expediente contra el ciudadano al que se acusa de divulgar el vídeo se abrió y aplicó «a petición del intendente» de la Policía Local de Cádiz y no de unos pocos funcionarios por su cuenta y riesgo. Se trataría -caso de ser cierta esta versión- del gobierno local, de un alto cargo sobre el que alcalde y concejal tienen una ineludible responsabilidad, compartan sus decisiones o no. «El Ayuntamiento ha dicho que no ha iniciado nada de esto y eso es rotundamente falso», resume De Torre.

Al contrario que en otras polémicas anteriores, en este caso debe existir documentación que precise quién dice la verdad, quién dio el paso de usar la ‘ley mordaza’: si dirigentes de la administración municipal o de la estatal.