Los dueños de casas ilegales podrán pagar su regularización cuando vendan la vivienda

El próximo jueves día 30 es la fecha elegida, mediante un punto en el Pleno ordinario de julio, para aprobar las Ordenanzas de Regularización de las viviendas ilegales de Chiclana. Así lo anunció ayer la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, que explicó que los técnicos de la Gerencia ya han concluido la elaboración de un documento genérico que servirá para la ordenación, urbanización y finalmente legalización de las más de 15.000 casas levantadas al margen del planeamiento en la últimos años en todo el término municipal.

Las nuevas Ordenanzas serán presentadas en los próximos días a los colectivos vecinales y a los partidos de la oposición «para buscar el consenso social y político» según Verdier. La tarea no será sencilla, puesto que pese a que el documento contempla importantes mejoras para facilitar el pago del coste de regularización a los propietarios de ilegales, éstos no están dispuestos en una gran mayoría a iniciar un proceso que les supondrá mucho tiempo y dinero.

Costes y facilidades

Precisamente el cómo y el cuánto deberán pagar quienes quieran tener papeles y servicios en el diseminado chiclanero es el punto más importante del texto. Desde Urbanismo no se quiso especificar ayer las medidas encaminadas a fasear las obras y a aminorar el impacto económico que incluirán estas Ordenanzas.

Cándida Verdier se limitó a explicar, eso sí, que el proceso para su elaboración ha sido «largo y duro», y dio algunas pistas sobre sus novedades. La más importante será la posibilidad de que los propietarios que inicien el proceso incluyan en la hipoteca de su parcela o vivienda a legalizar una inscripción, a modo de carga registral, de tal manera que el pago de los costes de regularización pueda dilatarse en el tiempo hasta que se produzca la venta de la propiedad o se cumpla un plazo previamente establecido si no se vende.

Esta medida, que sólo afectará a una parte del montante económico que deba pagar su propietario, vendrá acompañada de otras medidas para flexibilizar y facilitar en todo lo posible el pago de las cantidades por metro cuadrado que se estipulen como los créditos blandos.

De momento el único cálculo aproximado que existe de costes sitúa el metro cuadrado entre 37 y 95 euros, con una media estimada en 60 euros por m2.

Desde Urbanismo se apuntó ayer que el proceso de revisión al que actualmente atraviesa el PGOU no afectará a la regularización.Verdier explicó que el nuevo planeamiento, que deberá estar aprobado antes de dos años, «contemplará los mismos ámbitos». Dicho de otro modo, se legalizarán nuevezonas con 18 millones de metros de suelo urbano no consolidado, denominadas Majadillas; Marquesado; Dehesilla; Avenida de La Barrosa; Pinares de Chiclana; Pago del Humo; Hozanejos; Quintas-Sotillo y Avenida del Mueble.