El sucesor de Guerrero cambia la versión que le dio a la juez Alaya

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez, acusado por prevaricación y malversación en el juicio del caso ERE, no ratificó el lunes la declaración que realizó ante la juez Mercedes Alaya los días 3 y 4 de julio de 2012 . Para justificar este giro, afirmó que el interrogatorio se desarrolló en «dos días intensos con jornadas de mañana y tarde con una presión muy fuerte».

Márquez, que ostentó el cargo entre abril de 2008 y abril de 2010, imita a su antecesor en el cargo, Francisco Javier Guerrero, quien tampoco confirmó sus declaraciones ante Alaya porque «en ese momento tenía mucha presión mediática y de la Policía para declarar». Argumentó que sólo contestaría a su letrado y al tribunal. Por este motivo, la Fiscalía pidió que se leyera la declaración del ex director general ante la juez Mercedes Alaya, quien inició la instrucción de la causa de los ERE.

Concluida tras casi cuatro horas la lectura del acta de su declaración, Márquez afirmó que, «en términos generales, no se ratifica», precisando que «hay cosas que comparto y otras que no».

El ex director general de Trabajo, para quien la Fiscalía solicita ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, defendió ante la juez instructora la legalidad del sistema de ayudas investigadas, aunque reconoció que no conocía el contenido del convenio marco» firmado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Consejería de Empleo en 2001 para la concesión de tales ayudas, pues «ni lo leyó, ni lo estudió ni lo analizó».

A preguntas de la juez, Márquez aseguró que recibió «indicaciones» por parte del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández , para «dar cobertura administrativa a los compromisos ya adquiridos» por Guerrero. Fernández le dijo que «donde no hubiera convenio, que lo hubiera», indicó.

Antes de Francisco del Río , el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano contestó, a preguntas de su abogado, que hasta que no se inició la investigación no supo que había intrusos en los expedientes de ayudas y pagos cruzados. «No tuvimos atisbo de ilegalidad, de haberlo tenido, hubiésemos actuado», manifestó.