Sanidad andaluza
Radiografía de la «sanidad paralela»: nueve fundaciones y 2.678 empleados
Los entes «satélites» de la Consejería de Salud manejan 118 millones al año y su objeto social abarca desde los cursos de formación a la investigación biomédica
Alrededor de la sanidad pública andaluza ha crecido una maquinaria burocrática con una multiplicidad de fundaciones, agencias, escuelas y observatorios. Sus objetivos son de lo más diverso: desde la gestión de hospitales comarcales hasta la financiación pública de proyectos de investigación. Un año después de la llegada al poder, PP y Ciudadanos continúan sin podar ese desordenado jardín creado en los 36 años y ocho meses de gobiernos del PSOE , como prometían en sus programas electorales y acuerdos de investidura. La prueba del algodón llegará cuando toque poner en práctica las recomendaciones que recojan las auditorías privadas encargadas por la Junta para contentar a Vox.
Sin esperar al resultado de estos análisis, la Consejería de Salud y Familias ha desvelado por dónde van a ir sus pasos. Por un lado, quiere integrar cinco agencias empresariales con casi 8.000 empleados en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), como publicó ABC. Por otro, quiere c rear el Instituto Andaluz de Salud , una nueva carcasa administrativa que albergaría la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y ocho fundaciones –nueve, si se incluye la de Rey Fahd Bin Abdulaziz, que no tiene personal adscrito–. La iniciativa no tiene visos de prosperar. Ciudadanos, socio del PP en el Ejecutivo, no piensa apoyarla.
Estas nueve entidades (la EASP y las fundaciones) emplean a 2.678 personas , según las memorias de la cuentas autonómicas. Su principal vía de financiación es pública: reciben transferencias de los presupuestos de la Junta de Andalucía y subvenciones autonómicas y estatales, pero también tienen suscritos convenios de patrocinio con laboratorios y farmacéuticas. De los 118,63 millones de euros que estas fundaciones manejan como presupuesto de explotación, 72,79 millones se destinan a gastos de personal. El 61 por ciento de sus ingresos se emplea en pagar nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social.
Pero, ¿qué hay detrás de estas entidades instrumentales? ¿a qué se dedican? Conviene separar el grano de la paja. Para empezar, el campo de actuación es variopinto: abarca desde la investigación biomédica, la gestión de residencias para personas con enfermedad mental y la realización de cursos de formación sanitaria en Andalucía y en el extranjero.
La proyectada desaparición de la EASP como entidad jurídica autónoma ha desatado una oleada de protestas en Granada, donde tiene su sede desde 1985. La contestación laboral ha encontrado un eco multiplicador en la izquierda y, particularmente, en el PSOE, cuyos dirigentes han visto en esta vía de agua otra maza con la que martillear al «trifachito» –como les gusta llamarlo– con el mantra del «desmantelamiento de la sanidad pública», una nueva borrasca que, unida a las corrientes calientes de las manifestaciones sanitarias y las demandas insatisfechas de los profesionales, han formado una tormenta perfecta sobre la cabeza del consejero Jesús Aguirre (PP).
Entre los argumentos de los que se oponen al proceso de integración, el más escuchado es que la escuela representa un referente de la investigación y enseñanza en materia de salud internacional. Es colaboradora de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. Sus profesores dan cursos hasta en países africanos de habla portuguesa.
PP y Cs siguen sin podar el jardín de la administración paralela, a la espera de las auditorías
Martín Blanco dirigió la escuela entre 2010 y 2012, tres años antes de su nombramiento como viceconsejero de Salud, cargo al que tuvo que renunciar tras el rotundo fracaso de la fusión hospitalaria en Granada. Su paso por la gerencia estuvo rodeada de «numerosas e importantes irregularidades» en la contratación y opacidad en los procesos de reclutamiento y selección, que no estaban documentados, según un informe de la Cámara de Cuentas que fiscalizó el organismo en 2012.
La EASP cuenta con siete directivos y una plantilla de 182 profesionales , en su mayoría profesores, cuya principal misión es «la generación de procesos de formación, asesoramiento, cooperación internacional, investigación y la creación de espacios y colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la salud pública y el buen gobierno de los sistemas de salud», según su genérico objeto social. Su anterior directora, Reyes Álvarez-Ossorio, percibía 80.793 euros brutos al año, incluidas las dietas y un plus de vivienda de 16.385,76 euros, según las cuentas de 2018. Ganaba más que Susana Díaz como presidenta de la Junta (65.090 euros). La histórica diputada del PP Blanca Fernández-Capel sustituye a Reyes Álvarez-Ossorio desde el pasado marzo.
Tres observatorios
Esta mercantil pública manejó un presupuesto de 11,6 millones en 2019 (9,26 millones en gastos de personal). De la estructura de EASP cuelgan tres observatorios: el de la Infancia (con trece trabajadores), el de Salud y Medio Ambiente, y el de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas Complejas. Aparte, cuenta con el Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos . Entre su amplio plantel de docentes y colaboradores de actividades formativas figuran el médico José Martínez Olmos, que fue senador del PSOE, y José Manuel Aranda, exgerente del SAS.
Algunas de estas terminales burocráticas han servido también para reclutar a personal afecto, cuya continuidad dependía del éxito electoral de aquel que lo había nombrado. El ejemplo más palpable lo encarna el exministro Bernat Soria , despedido por el nuevo Gobierno como científico estrella del centro Cabimer al destaparse que ocultaba otros negocios privados, incompatibles con su tarea pública, que le reportaba 150.000 euros al año.
La mujer del investigador valenciano , Verónica Juan Quilis, sigue vinculada a la Fundación Progreso y Salud (FPS), a la que está adscrita el Cabimer. En septiembre de 2005, sólo un mes después de que su marido firmara el primero de los dos contratos con la fundación de la Junta, la entonces consejera de Salud , María Jesús Montero, la fichó como directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Público de Andalucía.Por este puesto cobra 60.767,90 euros brutos anuales.
Creada en 2003, la FSP ha vivido una gran expansión. De los 367 trabajadores que tenía en 2015 ha pasado a 425 cuatro años después. Constituye para el Gobierno andaluz «un elemento vertebrador para la investigación biomédica en el Sistema Sanitario Público».
A la manera de esas muñecas rusas partidas en dos, la FSP encierra en su interior otra fundación más pequeña y así sucesivamente. Del árbol han ido surgiendo distintas ramas: fundaciones con idéntico objeto social de implantación provincial o interprovincial y con financiación público-privada: Fabis en Huelva, Cádiz, Fibico en Córdoba, Fimabis en Málaga, Fisevi en Sevilla y Fibao en Granada, Jaén y Almería, que tienen suscrito un convenio con el SAS para fomentar la investigación en sus centros asistenciales.
Donaciones privadas
La más potente es Fisevi , con una plantilla de 400 personas y un presupuesto de 22 millones. Algunos laboratorios y farmacéuticas realizan aportaciones económicas para proyectos de investigación y, a su vez, tienen al SAS como cliente. Le venden material sanitario y medicamentos. Entre sus colaboradores están Roche Farma, Novartis, Rovi o Pfizer. Ésta última es, con la Universidad de Granada y la Junta, uno de los socios del Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.
Del tronco de la FSP, que maneja un presupuesto anual de 32 millones, salen diez centros, plataformas y programas : el Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), el Centro Andaluz de Nanomedicina, el Biobanco de Andalucía, la Biblioteca Virtual o la Plataforma de Genómica y Bioinformática.
De la fundación Fibao dependía e l opaco Observatorio de Gestión Ambiental y de Responsabilidad Social Corporativa en el Sector Sanitario (Omars) que en 2007 puso en marcha Martín Blanco, antiguo director económico administrativo del Hospital Virgen de las Nieves. Un artefacto de poder paralelo que, como tantos otros, habría pasado inadvertido de no ser porque ABC publicó que se nutría de donaciones que hacían proveedores del SAS siguiendo las indicaciones de directivos de los hospitales. La Omars no registra ninguna actividad desde 2017, coincidiendo con la salida de Martín Blanco de la Consejería de Salud.
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