Así quiere el Gobierno atajar la inmigración ilegal y el tráfico de droga en el Campo de Gibraltar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una ofensiva en tres frentes contra la avalancha de la inmigración ilegal y el tráfico de droga , que afecta muy especialmente al Campo de Gibraltar. En primer lugar, y como ya pidieron los senadores del PP y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska abrió la puerta ayer a que España devuelva a Marruecos a los inmigrantes menores no acompañados (menas) «siempre que se garantice el interés superior del menor», señaló.

«Está en juego el bienestar de los menores» , subrayó el titular de Interior, quien recordó el crédito extraordinario de 40 millones que el Ejecutivo ofreció entre las comunidades autónomas que acogieran algunos de los casi 12.000 menores que han llegado a España, la inmensa mayoría de ellos en Andalucía.

Por otro lado, ayer se anunció la aprobación hoy viernes en Consejo de Ministros de un plan integral para la recuperación del Campo de Gibraltar, la zona de España más golpeada no solo por la inmigración, sino también por el tráfico de drogas. Marlaska recordó que al llegar a Interior, se encontró con una «situación insostenible» en localidades gaditanas como la Línea de la Concepción, donde los diferentes grupos criminales ligados al narcotráfico actuaban con «impunidad», algo que, recordó, fue calificado como «hechos aislados». En total, en el Campo de Gibraltar hay actualmente 973 policías y 1.159 guardias civiles trabajando.

En tercer lugar, todos los grupos políticos del Parlamento respaldaron ayer la prohibición del uso de narcolanchas, las embarcaciones súper rápidas con las que los narcos transportan la droga desde el Norte de África hasta el Sur de España y, últimamente también, inmigrantes ilegales .

La norma, explicó ayer el Gobierno, ilegaliza el uso privado de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de ocho metros de eslora o de menor longitud pero que tengan potencia de hasta 150 kilovatios. Tampoco podrán ser usadas las embarcaciones en las que se detecten «indicios racionales» de que son empleadas para fines ilícitos como la instalación de doble fondos, trucados de motos o equipamiento de inhibidores de frecuencia. Quedan fuera de esta prohibición las embarcaciones de las fuerzas de seguridad, de Vigilancia Aduanera, las de organismos públicos y aquellas que se encargan de labores de salvamento marítimo.