El PSOE insinúa que el PP condiciona a la Polícía Judicial respecto al caso de los cursos de formación

Dicen los responsables políticos que no valoran las decisiones judiciales ni las vinculadas a los procedimientos en curso pero todos los portavoces en el Parlamento de Andalucía han expresado su opinión sobre la decisión de la Fiscalía Anticorrupción sobre los cursos de formación.

Según un escrito de este órgano, las exceptuaciones que la Junta hizo a las empresas para justificar las subvenciones concedidas para la organización de los cursos no es un delito, sino que está recogido en la ley. Una decisión muy relevante y que abre la puerta al archivo de la causa política de este caso.

Las palabras más controvertidas al respecto las ha pronunciado el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, quien ha destacado que esta decisión de la Fiscalía es contraria a los criterios que había mantenido la Policía Judicial.

«Queda en tela de juicio tanto la tesis de la policía judicial como la del PP y se avala la instrucción de la juez Núñez. No queremos pensar que algunas providencias de la policía judicial vienen condicionadas por la posición política del Gobierno y del PP».

En el mismo sentido, aunque evitando acusaciones, se ha pronunciado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, «se pone de manifiesto que lo que quiso montar el PP era una gran farsa»..

Susana Díaz, quien ha recordado que «nunca» habla de actuaciones judiciales, sí ha querido precisar que la decisión de la Fiscalía «viene a corroborar otras muchas actuaciones de otros juzgados de Andalucía que ponen de manifiesto como lo que el PP quiso montar era una gran farsa para difamar a los altos cargos de la Junta de Andalucía, al Gobierno andaluz y a ensuciar la imagen de Andalucía».

La posición del PP

Sin embargo, desde el PP lo ven desde un prisma muy distinto. La portavoz parlamentaria de los populares, Carmen Crespo, ha insistido en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «sigue señalando claros indicios de responsabilidades penales» en el caso de los cursos de formación, al tiempo que destacado que, por el momento, no hay ninguna decisión judicial al respecto.

«No consta ningún auto o escrito judicial, estamos ante especulaciones o filtraciones interesadas», ha criticado la dirigente popular, que entiende que esta información no ha trascendido por el «procedimiento establecido», de ahí que haya abogado por esperar: «Es curioso que se anuncie con meses de antelación lo que va a ocurrir», ha apostillado.

Podemos y Ciudadanos

La presidenta del grupo parlamentario de Podemos en Andalucía, Carmen Lizárraga, por su parte, ha abogado por «dejar a la justicia trabajar siempre», además de solicitar «transparencia e información».

El presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Marín, ha asegurado que su grupo no tiene intención de cambiar las conclusiones y petición de responsabilidades sobre los cursos de formación, pese a la decisión adoptada por la Fiscalía Anticorrupción. Según su criterio, una cosa son las responsabilidades penales y otra las políticas, «aunque ya se verá si hay algún político en activo al que se le pueda pedir la dimisión por este caso».