La promotora de colegios de la Junta costeó la vivienda a directivos

La Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano que se encarga de fiscalizar el buen fin del dinero que gestionan las administraciones públicas en la Comunidad, ha destapado un rosario de «irregularidades» —así las cataloga— en la gestión y contabilidad del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. El llamado ISE es la agencia pública empresarial que utiliza la Consejería de Educación para construir y equipar colegios e institutos.

El contenido del informe de fiscalización de regularidad del ISE, concluido hace año y medio y publicado ahora, detalla un paisaje de descontrol generalizado basándose en cifras del ejercicio 2013: desde pagos indebidos para costear las viviendas de alquiler de tres directivos hasta troceo de contratos menores por «un injustificado inicio tardío en la tramitación» de un concurso para adjudicar el servicio de aula matinal en 168 centros escolares; actividades extraescolares encomendadas a directores de los colegios que «no son objeto de control»; «índices de irregularidades superiores al 30 por ciento» en las escuelas infantiles concertadas por la Junta; fichajes de altos directivos sin respetar los principios de mérito y capacidad; deficiencias en la financiación de la agencia, y «retrasos» en los pagos de las certificaciones de obras de colegios que salen muy caras a las arcas públicas.

En 182 páginas la Cámara de Cuentas de Andalucía describe graves irregularidades que incluso podrían ser objeto de responsabilidades contables. Se refiere a uno de los tres directivos a los que el ISE les pagó la vivienda sin tener derecho a esta prerrogativa reservada a los altos cargos de la Junta.

El ente promotor de colegios dejó de abonar a los tres las indemnizaciones por vivienda el 1 de octubre de 2014. En enero de 2015, cuando la Cámara de Cuentas ya había puesto la lupa sobre sus cuentas, dictó sendas resoluciones «ordenando el reintegro de las retribuciones indebidamente abonadas correspondientes al ejercicio 2014». A dos de los directivos le descuentan de las respectivas nóminas mensualmente una parte proporcional del importe desde entonces. En cambio, el tercero, quien causó baja en su momento del ente, presentó un recurso el Juzgado de lo Social en relación a las cantidades dejadas de percibir hasta su desvinculación con ISE. Éste se niega a devolver las remuneraciones correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, que suman 12.744,56 euros.

El ente autonómico tarda de media más de cinco meses en abonar los trabajos finalizados. «Sólo un 2% de los casos» se pagan dentro del plazo legal. Como consecuencia, «los adjudicatarios han reclamado durante el ejercicio intereses de demora por 340.000 euros, lo que supone 2,07 millones acumulados, de los que 1,05 millones han sido considerados firmes» en sentencias, señala el informe.

El Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos funciona a todos los efectos como un intermediario de la Consejería, pero la Cámara echa en falta un procedimiento que regule esos encargos. Esto da lugar a que la construcción de infraestructuras o reforma de centros escolares de titularidad de la Junta y el equipamiento destinado a los mismos sean «financiados indebidamente a través de transferencias de financiación de capital, siendo en el fondo operaciones de intermediación que requieren de la articulación de los instrumentos jurídicos», advierten los auditores en el informe publicado ayer en la web del ente fiscalizador. Por cierto, las transferencias de financiación son el mismo mecanismo de ejecución presupuestaria empleado para pagar los ERE fraudulentos, un sistema que va a sentar en el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía.

205 trabajadores

La falta de control del personal queda acreditada a través de otros detalles, como el hecho de que se carezca de un manual de puestos y funciones de los 205 trabajadores que componen la plantilla de esta agencia pública, de los cuales 17 son directivos. Es decir, no tienen funciones asignadas. Como sucede en otros entes de la Administración paralela de la Junta, en el fichaje del 64% del personal de plantilla con contrato de alta dirección «no queda constatado que se hayan respetado los principios de mérito y capacidad» y existen dudas de la «adecuada publicidad y concurrencia, como se recoge en la legislación aplicable».