El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto
El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto - E.P.
Función Pública

El PP apunta a los enchufados si hay despidos en la administración paralela de la Junta de Andalucía

El PSOE asegura que se van a despedir a 9.000 empleados públicos y se van a privatizar servicios públicos

SevillaActualizado:

Es un debate abierto y que interesa tanto al Gobierno regional, a sus socios de Vox como a la oposición del PSOE, aunque por motivos diferentes. La reestructuración del sector instrumental de la Junta, de la administración paralela, se ha convertido en un asunto político de primer orden sobre todo después de que en el acuerdo para los presupuestos 2019 y 2020 firmado entre PP, Ciudadanos y Vox, se incluyan varios puntos referentes al mismo y se prevea una partida de 15 millones de euros para «costes indemnizatorios, coberturas de costes por integración en otras entidades, posibles nuevos contratos para actuaciones liquidatorias».

Desde que tomó posesión, el Gobierno andaluz se ha referido a los 26.045 empleados de la administración paralela, anunciando que iba a estudiar «uno a uno» los casos para verificar quien estaba contratado en situación irregular. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, denunció esta misma semana que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales sólo servía para pagar los sueldos de los 436 empleados que tenía. Este miércoles se quejaba el comité intercentros explicando que son responsables de teatros andaluces, yacimientos arqueológicos, el Centro de Danza o el Ballet Flamenco, entre otros.

El socialista (y exconsejero de Hacienda y Administración Pública) Antonio Ramírez de Arellano aseguraba el martes que la Junta iba a despedir a más de 9.000 empleados públicos, un discurso en el que abundaba el portavoz parlamentario Mario Jiménez, «van a despedir a 9.000 trabajadores del sector público andaluz en una persecución por cuestiones ideológicas y porque es una exigencia de Vox».

El PSOE andaluz ha abierto una guerra particular en este asunto ya que quieren equiparar el Gobierno andaluz con la privatización de los servicios públicos y busca movilizar a los empleados públicos, que son un importantísimo colectivo y una pieza clave para la estabilidad del Ejecutivo y para que sus políticas sean eficaces.

El que más claro ha hablado hasta el momento ha sido el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, quien, además, se ha arrogado la portavocía del Gobierno andaluz, tal vez tratando de cerrar un debate que ningún miembro del Gabinete de Juanma Moreno ha sido capaz de poner en claro.

«Ningún trabajador de la Junta que haya accedido a su puesto de trabajo según los criterios legales y constitucionales de concurrencia, capacidad y mérito debe tener ninguna duda de que supuesto de trabajo está asegurado. Además, el año que viene se verá mejorado porque va a recuperar derechos que le fueron arrebatados».

«Ahora bien, si lo que le preocupa al PSOE es que alguna gente que entró por la puerta de atrás, como excargos socialistas, sin exigírseles criterios de concurrencia, mérito y capacidad, puedan tener en riesgo esa prebenda, es posible que eso ocurra», dijo rotundamente José Antonio Nieto quien centró el debate en que se está hablando de un puesto de trabajo para toda la vida, «una cosa que es muy seria». Claro que Nieto también dejó claro que no hay predisposición del Gobierno andaluz para despedir a ningún trabajador.

Los populares son conscientes del ruido que hay entre los funcionarios públicos que esperan del Gobierno andaluz gestos que muestren que realmente hay un «Gobierno del cambio».

Desde Ciudadanos, el portavoz parlamentario Sergio Romero también abundó en la misma idea estratégica aunque con palabras menos contundentes. «No se va a echar a nadie pero veo al PSOE preocupado por sus amiguetes. Lo que estamos haciendo es evaluar la mastodóntica administración paralela que configuró el PSOE para auditarla de forma serena pero sin pausa, reduciendo chiringuitos».

Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, aseguraba que su formación «en ningún caso hemos hablado de despidos, ni de trabajadores, ni de condiciones de trabajo sino que lo que se hace es simplemente sentar las bases para que se produzca ese cambio de estructura»