CORRUPCIÓN
La Policía reactiva la investigación de Santana, tres años parada en el juzgado de María Núñez
La instructora pide a la Junta la «entrega inmediata» del convenio clave para desentrañar qué pasó con los 36 millones tras las quejas de la UDEF
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha reactivado una investigación que llevaba tres años en punto muerto en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla , que dirige María Núñez Bolaños. Se centra en los préstamos millonarios concedidos en 2009 por la agencia pública IDEA a la factoría automovilística de Linares Santana Motor, una causa derivada del caso ERE abierta por la anterior instructora, Mercedes Alaya, antes de marcharse a la Audiencia de Sevilla.
En un atestado trasladado recientemente al juzgado, la UDEF advierte un supuesto de menoscabo de fondos públicos en la actuación de la Junta de Andalucía al transformar un préstamo reembolsable de 36,1 millones de euros en una ayuda a fondo perdido que jamás se recuperó.
Tras recibir este informe policial, la titular de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso ABC, para que por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y la agencia IDEA « se haga entrega de forma inmediata y en mano » de la copia del convenio de colaboración firmado el 17 de diciembre de 2009 entre la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la agencia IDEA para el desarrollo tecnológico y de industrialización de vehículos todoterreno por parte de Santana Motor.
La UDEF se había quejado de que esta documentación, requerida en julio pasado y clave para avanzar en la investigación, seguía sin ser entregada por la Consejería de Empleo .
En la providencia, que está fechada el 10 de septiembre y es posterior a la entrega del informe policial, la juez Núñez también solicita que « se identifique a todas las personas responsables de la elaboración, tramitación y firma del convenio específico de colaboración firmado el 17 de diciembre de 2009». «En caso contrario, se justifiquen las razones por las que no se hace dicha entrega», afirma la titular del juzgado.
Mediante el citado convenio, IDEA concedió un crédito de 36,1 millones de euros al cero por ciento de interés y un periodo de amortización de diez años con cuatro de carencia. La Intervención General de la Junta de Andalucía emitió un informe de actuación contra esta operación porque se habían incumplido varios preceptos legales. «Se ha omitido la fiscalización previa» y «se han comprometido gastos y pagos» infringiéndose la Ley de Presupuestos.
Todo ello «podría suponer un menoscabo de fondos públicos que han sido entregados a Santana Motor S.A . sin autorización del Consejo de Gobierno, y sin que los mismos hayan sido recuperados por la agencia IDEA dada la situación en que se encuentra la mencionada entidad desde hace varios años», advirtió la Intervención, encargada del control interno de los gastos de la Junta.
El texto del convenio fue alterado y «desapareció», entre otras cosas, una cláusula que hacía referencia a la obligación de cumplir los requisitos de información y publicidad.
En un escrito dirigido al juzgado el 16 de junio de 2015, el fiscal pidió ampliar las pesquisas no sólo al convenio sino al conjunto de todas las actuaciones reseñadas en los informes de la Intervención General (compras de inmovilizado y préstamos participativos). Tres años después de la apertura de esta causa penal , los investigadores tratan de desentrañar esta nueva trama que estalla al Gobierno andaluz a las puertas de la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas.
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